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Por JHONNY TRINIDAD

Hay una frase que se repite en los colmados, en las guaguas, en las salas de espera, en los grupos de WhatsApp y en cada esquina de la República Dominicana: “Aquí las leyes son para los pendejos”. No es una frase elegante. No es una frase académica. Pero es una frase que duele porque, para millones de dominicanos, describe con una precisión brutal lo que viven todos los días.

La gente no está pidiendo venganza. No está pidiendo linchamiento mediático. No está pidiendo que se inventen delitos. Está pidiendo algo mucho más simple y mucho más profundo: que la ley se cumpla. Que una sanción sea sanción. Que una sentencia sea sentencia. Que un funcionario que roba vaya preso. Que un empresario que soborna no vuelva a contratar con el Estado. Que un político que miente, que trafica influencias, que usa el cargo para enriquecerse, no termine premiado con otro cargo, con una embajada, con un programa de televisión o con un contrato millonario.

Los dominicanos exigen sanciones porque están cansados de ver el mismo guion.

EL CASO MÁS CLARO: CIENTOS SIN DECLARACIÓN JURADA

Y no hay que irse muy lejos para comprobarlo. El ejemplo más claro, más descarado y más insultante para la ciudadanía es el de la declaración jurada de patrimonio.

La ley es clara. Todo funcionario público está obligado a declarar lo que tiene al entrar al cargo, al salir, y a actualizar su patrimonio. No es un favor. No es una opción. No es un trámite si le da la gana. Es una obligación legal, creada precisamente para saber quién entró pobre y salió rico, quién multiplicó su fortuna sin explicación, quién no puede justificar lo que tiene.

Pues bien: cientos de funcionarios no han presentado su declaración jurada que exige la ley. Cientos. No son dos ni tres. No son casos aislados. Son cientos de personas que ocupan cargos públicos, que manejan fondos públicos, que deciden sobre contratos públicos, y que simplemente no han cumplido con la ley.

Y lo más grave: no pasa nada.

No hay suspensión. No hay destitución. No hay multa. No hay sanción. No hay lista pública de vergüenza. No hay consecuencias. El funcionario que no declara sigue cobrando. Sigue firmando. Sigue decidiendo. Sigue en su puesto como si nada.

¿Qué mensaje le está mandando el Estado a ese funcionario? El mensaje es: la ley es una sugerencia. Si quieres, la cumples. Si no quieres, no pasa nada.

¿Qué mensaje le está mandando a la sociedad? Que la transparencia es un discurso para las ruedas de prensa, no una obligación real. Que el control del patrimonio es para los tontos que sí declaran, mientras los vivos se quedan en la sombra, escondiendo lo que tienen, preparando el terreno para salir del cargo con las manos llenas y sin que nadie les pregunte de dónde salió todo.

Ese solo hecho debería indignar a todo el país. Porque si el Estado no es capaz de obligar a sus propios funcionarios a cumplir con algo tan básico como decir lo que tienen, ¿cómo va a ser capaz de obligarlos a no robar? ¿Cómo va a perseguir la corrupción si ni siquiera sabe cuánto tenían al entrar y cuánto tienen ahora?

La declaración jurada no es un papel. Es la primera línea de defensa contra el enriquecimiento ilícito. Cuando cientos de funcionarios la incumplen sin sanción, el sistema completo se cae. Se abre la puerta al robo, al lavado, al testaferrato, al enriquecimiento sin causa. Y se le dice al pueblo, en su cara, que la ley no vale.

EL CANSANCIO DE UN PUEBLO QUE LO VE TODO

El dominicano de a pie lo ve todo. Ve al funcionario que entra al gobierno sin nada y sale con villas, apartamentos, vehículos de lujo y cuentas que no puede justificar. Ve al contratista que siempre gana, aunque siempre entregue tarde y mal. Ve al legislador que cambia de partido como quien cambia de camisa, sin que nadie le pregunte por qué. Ve al que fue acusado de corrupción y que, dos años después, aparece en una tarima hablando de moral y transparencia, como si la memoria del pueblo fuera de 24 horas.

Y lo ve también en lo pequeño, en lo cotidiano, que es donde más duele. Ve al que se pasa el semáforo en rojo frente al policía y no pasa nada. Ve al que tira basura, al que construye donde no debe, al que se roba la luz, al que no paga impuestos, al que usa el carril contrario y llega primero. Y ve al que sí cumple, al que hace su fila, al que paga, al que respeta, llegar siempre de último y ser tratado como tonto.

Cuando eso se repite durante años, la sociedad aprende una lección perversa: cumplir no vale la pena. La ley deja de ser un mandato y se convierte en una sugerencia. En una recomendación. En un papel bonito que se lee en los discursos y se olvida en los despachos.

Ese es el verdadero peligro. No es solo que haya corruptos. Es que la corrupción se vuelva cultura. Que la impunidad se vuelva norma. Que el joven que quiere ser serio termine creyendo que para progresar hay que “buscarse lo suyo”, “hacer su diligencia”, “aprovechar el momento”. Cuando un país llega a ese punto, no pierde solo dinero. Pierde el alma.

ABINADER: ENTRE LA PROMESA Y LA HISTORIA

El presidente Luis Abinader llegó al poder con una promesa poderosa: el cambio. Y dentro de ese cambio, la promesa más sensible, la que más ilusión generó, fue la de una justicia independiente. Una justicia que no mirara apellidos, ni partidos, ni colores. Una justicia que cayera sobre quien cayera.

Y hay que decirlo con honestidad: en los primeros años, esa promesa generó esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, figuras poderosas fueron investigadas, acusadas, llevadas a los tribunales.