APUNTE.COM.DO.- En el imaginario colectivo, el saco y la corbata, los tacones, la camisa impecable y el maletín dibujan la figura de un funcionario público: hombres y mujeres que, desde un despacho o una curul, están llamados a representar los intereses de la ciudadanía y a velar por el bienestar común.

Sin embargo, en la política dominicana, detrás de esa imagen de formalidad y representación institucional han surgido nombres de legisladores, regidores, alcaldes y otros funcionarios en expedientes judiciales por presuntos vínculos con el narcotráfico y el lavado de activos. Se trata de investigaciones que han alcanzado espacios de poder y representación pública, poniendo sobre la mesa los posibles nexos entre la política y el crimen organizado.

Entre investigaciones, acusaciones, extradiciones y condenas, varios nombres han salido a relucir durante los últimos años. Algunos llegaron a ocupar curules en el Congreso Nacional, otros dirigieron gobiernos municipales y algunos ejercieron funciones públicas mientras sus nombres aparecían en expedientes relacionados con el narcotráfico.

Uno de los casos que antecede a esta cadena de investigaciones es el de Yamil Abreu Navarro, quien en 2020 se desempeñaba como director de la Junta Municipal de Las Lagunas, en Padre Las Casas, provincia Azua, y era dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM).Jueces imponen prisión a Yamil Abreu Navarro hasta que se conozca pedido extradición

Abreu Navarro fue detenido en junio de ese año a solicitud de las autoridades estadounidenses, que lo señalaban como presunto cabecilla de una organización internacional de narcotráfico con supuestos vínculos con el cartel de Sinaloa. En septiembre, el entonces presidente Luis Abinader firmó el decreto que autorizaba su extradición y, en octubre, fue entregado a Estados Unidos para responder por cargos relacionados con distribución y posesión de heroína.

Su historia tuvo una nueva actualización en octubre de 2026, cuando salió de prisión en Estados Unidos tras permanecer aproximadamente seis años privado de libertad. Un juez le concedió libertad bajo fianza de 350,000 dólares. Su excarcelación no equivale a una absolución ni permite dar por concluido su proceso judicial.

Un año después, en 2021, otro exfuncionario municipal apareció en las noticias. Se trata de Erquidenio Balbuena Águeda, exalcalde de Las Galeras, Samaná, por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien fue reclamado por la justicia de Puerto Rico por acusaciones relacionadas con narcotráfico.RD entrega autoridades EEUU tres hombres pedidos en extradición por narcotráfico

Balbuena fue arrestado en República Dominicana y posteriormente aceptó voluntariamente su extradición para responder ante las autoridades puertorriqueñas por los cargos que se le atribuían.

Ese mismo año, la atención también se dirigió hacia el Congreso Nacional, donde varios legisladores fueron mencionados en investigaciones relacionadas con narcotráfico y lavado de activos.

Uno de los casos de mayor repercusión fue el de Miguel Gutiérrez Díaz, diputado por Santiago del PRM, arrestado en mayo de 2021 en Miami, Estados Unidos, mientras todavía ejercía sus funciones legislativas.

Las autoridades estadounidenses lo acusaron de participar en una estructura internacional dedicada al tráfico de cocaína. En diciembre de 2023 se declaró culpable de conspiración para traficar drogas y lavado de dinero. En abril de 2024 fue condenado a 16 años de prisión.

También figura Rosa Amalia Pilarte López, exdiputada por La Vega, del PRM, cuyo proceso estuvo relacionado con una estructura de lavado de activos vinculada al narcotráfico y encabezada, según el Ministerio Público, por su esposo, Miguel Arturo López Florencio, conocido como Micky López.

La acusación sostenía que se utilizaron empresas y operaciones financieras para introducir recursos ilícitos al sistema económico formal. En mayo de 2024, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia la condenó a cinco años de prisión por lavado de activos. La sentencia fue ratificada por el Pleno de ese alto tribunal en agosto de 2025 y ejecutada en septiembre de ese año.

En el expediente de la Operación Falcón también aparecieron los nombres de Nelson Rafael Marmolejos Gil, diputado del PRM por Santiago; Faustina Guerrero Cabrera, legisladora de esa misma organización por El Seibo; y Héctor Darío Féliz Féliz, representante de Pedernales por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

El Ministerio Público los vinculó a diligencias investigativas sobre la estructura criminal desmantelada mediante esa operación.

En el caso de Marmolejos, el expediente hacía referencia a comunicaciones con personas imputadas y a una supuesta intermediación para conseguir gestiones relacionadas con una obra pública.¿Quién es Juan Maldonado Castro, el funcionario detenido en Operación Falcón?Caso FM: exdiputada condenada por vínculos con red de narcotráfico apelará sentenciaRegidor Edickson Herrera Silvestre se entrega a la DEARegidor de Higüey y empresarios entre más de 30 detenidos en operación contra el narcotráfico en el Este