APUNTE.COM.DO.- La entrada en vigor de la Ley 88-26 puede representar un alivio temporal para las empresas en lo relativo a su responsabilidad penal, al darles margen para implementar sus programas de cumplimiento normativo, pero ello no impide la aplicación de los regímenes especiales de responsabilidad penal que correspondan ni las protege frente a los riesgos penales.

La legislación modifica el artículo 31 de la Ley 44-26 y establece una prórroga de 18 meses para la entrada en vigor de las disposiciones del nuevo Código Penal. Ese plazo permitirá que las personas jurídicas sujetas a estas disposiciones realicen los ajustes necesarios para cumplir con el nuevo régimen.

Sin embargo, un informe elaborado por los abogados Eduardo Jorge Prats, Luis Antonio Sousa Duvergé y Numiel Estefanía Peña Pereya sostiene que este aplazamiento de 18 meses constituye un margen adicional para organizar estructuras internas de prevención y control, sin que ello suspenda otras fuentes de exposición penal ni postergue la adecuación interna.

“La ampliación de los 18 meses no impediría la atribución de la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a las leyes especiales que ya contemplan dicha responsabilidad, como, por ejemplo, la ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”, indica el escrito, que también menciona el artículo 392 de la ley 74-25, el cual mantiene vigentes las leyes especiales que definan tipos penales no previstos en el código.

“Por tanto, la vacatio legis no impediría la aplicación de los regímenes especiales de responsabilidad penal que resulten procedentes, por lo que las empresas continuarían expuestas a riesgos penales”, agregan.

Entre los riesgos que continúan latentes, los autores señalan a las empresas con vínculos con Estados Unidos, ya sea como emisores, domestic concerns o por actos con nexo territorial, las cuales siguen expuestas a investigaciones penales o regulatorias como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés) y a los criterios de adecuación de programas de compliance del Departamento de Justicia de la nación norteamericana.

Aunque no elimine los riesgos penales a los que están expuestas las organizaciones, la prórroga sí puede contribuir a que estas posterguen la adopción de medidas destinadas a prevenirlos.

“Por estas razones, la segunda ampliación de la vacatio legis no debería interpretarse como un periodo de gracia frente a conductas delictivas cometidas en el seno de las empresas, especialmente cuando estas se prolongan o reiteran en el tiempo. La postergación de la entrada en vigor del régimen no impide que las autoridades competentes investiguen y documenten hechos que eventualmente puedan sustentar la atribución de responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero sí conduce a que las empresas no tomen con la debida seriedad y urgencia el diseño e implementación oportuna de la única herramienta que permitiría atenuar o incluso exonerar su responsabilidad penal”, señalan en el texto.

El informe desglosa que uno de los puntos más sensibles para la gestión corporativa es el desfase entre el tiempo de adecuación y la duración de las etapas de diseño. La primera es la fase de levantamiento e información, destinada a recopilar datos sobre la situación de la organización en materia de cumplimiento penal, con el fin de identificar los riesgos y determinar los controles efectuados.

Le sigue la fase de elaboración del informe diagnóstico, que analiza los hallazgos, identifica las diferencias entre las prácticas de la organización y las exigencias del Código Penal y determina las áreas, unidades, productos o procesos que requieren atención.

Como última etapa, sugieren que, a partir de los resultados del diagnóstico, se elabore un plan para establecer los componentes del sistema de cumplimiento penal y las medidas necesarias para su funcionamiento, además de la puesta en marcha, la capacitación del personal y la verificación de los controles.

Ante esta propuesta, recomendaron a las empresas comenzar los trabajos de inmediato en lugar de esperar al cierre del plazo, sosteniendo que solo un programa ajustado a los riesgos concretos de cada entidad y funcional en la práctica les ofrecerá un respaldo defensivo real ante la ley.