APUNTE.COM.DO.- La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que visita República Dominicana propuso unificar la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA) en una sola administración tributaria, según se ha explicado.

Al organismo le preocupa la elusión impositiva, las debilidades en las declaraciones de impuestos —como las omisiones— y la alta informalidad laboral. La elusión no constituye un fraude, sino un mecanismo estratégico que aprovecha vacíos y ambigüedades en la aplicación de las normas para pagar menos tributos sin incurrir en ilegalidad.

La misión permanece en el país desde el pasado día 14 y concluirá su visita el próximo miércoles 25. Durante ese período agota una amplia agenda con las autoridades y el sector privado dominicano, con el objetivo de elaborar y presentar al Directorio Ejecutivo del organismo un documento con los resultados de la evaluación del Artículo IV.

La economía dominicana mantiene niveles elevados de evasión y elusión en los principales tributos de recaudación: el Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR). Aunque esos niveles han disminuido en los últimos años, aún se sitúan cerca del 40% en el ITBIS y alrededor del 60% en el ISR.

La DGII estimó el incumplimiento tributario en 36.5% para el ITBIS y en más de 50% para el ISR, de acuerdo con una publicación del pasado año, y ubicó a la construcción, al comercio, hoteles, bares y restaurantes y a los servicios profesionales entre los sectores con mayor incumplimiento.

Un estudio que abarcó el período 2007-2017 señala que la evasión del ITBIS subió de 31.67% a 43.58%, mientras que el ISR registró altibajos: bajó de 61.89% a 57.80% por la aplicación de la retención de 10% sobre los intereses de personas físicas, que incluyó a los profesionales liberales o de ingreso mixto. En la actualidad, las estimaciones de evasión o incumplimiento del ISR rondan el 56.29%. La presión fiscal se ubica en 14.7%, según Datosmacro, por debajo de la media regional.

De acuerdo con Global Alliance For Tax Justice, “la evasión y elusión fiscal de las empresas en República Dominicana alcanza el 62.3%, una cifra que reduce drásticamente la capacidad del Estado para financiar políticas públicas y enfrentar problemas sociales como la pobreza, que afecta al 18.9% de la población”.

Una administración tributaria unificada deberá hacer frente a la baja presión fiscal, que no llega al 15%, pese a las reformas, cambios y mejoras aplicados en la gestión de impuestos. En la actualidad, la DGII implementa el sistema de facturación electrónica, una herramienta que permite emitir comprobantes fiscales electrónicos integrados para un mayor control, así como el esquema del “Scoring Tributario” y ahora el programa Intégrate 1,2,3,4, dirigido a mipymes con ingresos anuales de hasta RD$1 millón; además, se habla de aumentar la percepción del riesgo.

También se busca atacar la alta omisión en las declaraciones de impuestos, ya que más de la mitad de los contribuyentes no presenta sus declaraciones a tiempo, lo que llama la atención de los evaluadores. En el caso de Aduanas, el despacho 24 horas no generó ninguna alerta, sino que fue bien acogido, y se ha sugerido incorporar la inteligencia artificial (IA) en la detección de fraudes fiscales y subvaluaciones de mercancías, mediante una mayor coordinación entre la DGA y la DGII.

Ante la ralentización en la implementación de la factura electrónica por parte de los contribuyentes, se ha sugerido acelerar ese proceso, aplicar medidas de simplificación tributaria tanto para el pago como para las declaraciones y otorgar mayores facilidades para que las pequeñas empresas se acojan a esa herramienta.

Los técnicos del FMI observan que el impulso en los ingresos del Estado proviene del aumento del precio internacional de la onza troy del oro, un “commodity” que, aunque se ha estabilizado, sigue alto, y cuyas captaciones extraordinarias han favorecido las recaudaciones conforme al programa presupuestario.

La Ley 30-26, conocida como el Plan Anticrisis, no ha encontrado objeciones, pero desde la anterior evaluación al país los técnicos del Fondo y especialistas en tributación han abogado por una reforma integral que incluya ingresos y gastos.

En esta última semana de la visita, los técnicos del FMI analizarán con el sector privado la reforma del mercado laboral, especialmente la forma de implementar un período de transición que facilite el paso de la cesantía laboral a un seguro de desempleo. Asimismo, plantean políticas públicas para reducir la informalidad y aplicar un régimen de consecuencia mayor para la competencia desleal.

No obstante, para dar ese paso el Gobierno y el sector privado deberán sentarse nuevamente en el Consejo Económico y Social (CES), desde donde salieron 13 reformas para superar el subdesarrollo de aquí a 2036, porque aún las brechas son muy amplias.

En el ámbito laboral, personas físicas y mipymes prefieren ser independientes y permanecer en la informalidad por los altos costos de la economía: servicios caros, seguridad social y pensiones ineficientes, impuestos altos, bajos salarios y altas exigencias para contratar empleos, incluido el tope de edad. Esta situación dilata el paso al seguro de desempleo, según analistas laborales.