APUNTE.COM.DO.- El presidente Luis Abinader declaró que no puede asegurar que la corrupción esté completamente ausente en su gestión, pero prometió que "no habrá impunidad cuando se conozca un caso".

"Decir que la República Dominicana, el gobierno de la República Dominicana, no hay corrupción, no corresponde, es imposible, porque no hay un gobierno del mundo donde no haya algún nivel de corrupción", expresó el mandatario durante LA Semanal con la Prensa, dedicada en esta ocasión a la transparencia y el combate a la corrupción.

Abinader reiteró una frase que ya ha utilizado antes: tiene amigos pero no socios, y que en los casos de corrupción "caiga quien caiga". Asimismo, exhortó a los proveedores del Estado a denunciar a cualquier funcionario que les solicite una comisión para acelerar sus pagos: "no hay necesidad de pagarle a nadie en el gobierno y si alguien se lo pide que lo denuncie, que lo vamos a cancelar, lo vamos a someter a la justicia", manifestó.

El primer mandatario reconoció que muchos no formalizan la denuncia y que, cuando alguien le comenta que le pidieron dinero, él les insiste en que la presenten: "tengo que decirte que una parte importante no lo hace, quizás por temor a algo, pero hay otra parte que lo hace y esa es la que nos ayuda", agregó.

Con la campaña electoral cada vez más cerca y sin Abinader en la boleta, la periodista Edith Feble preguntó qué hará el gobierno para evitar que dirigentes con cargos públicos utilicen recursos del Estado en las campañas.

"Es tan simple como cumplir la ley. Lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir la ley y asegurar que la ley se cumpla", contestó el gobernante.

Al referirse a su salida, señaló: "tú puedes estar seguro que ahora, en este año y medio que nos queda, lo que más estamos preocupados es por nuestro legado, por dejar ese legado, y eso nos vamos a preocupar especialmente para que se cumpla la ley y que no se utilicen recursos públicos en las campañas electorales".

Ese compromiso, dijo, no se limita a la candidatura presidencial. "A ningún nivel, porque no solamente a nivel presidencial, sino que estamos hablando también de los otros niveles, vamos a hacer todo lo posible para, y tengo que decirlo, para limitar ese uso".

Como antecedente, el director de Presupuesto, José Rijo Presbot, sostuvo que 2024, el año en que Abinader buscó la reelección, fue "el único periodo electoral donde hubo superávit durante la campaña".

Febles insistió y mencionó que cuando estalla un caso de corrupción "casi siempre aparece alguien que alega que el dinero era para la campaña". Abinader calificó eso de "cliché" y advirtió que quien entrega ese dinero, o quien lo busca, "es cómplice".

"Aquí todos los partidos tienen sus equipos de finanzas, y tienen su forma legal que tienen que entregar un informe a la Junta Central Electoral. Todo el que se salga de ahí está actuando ilegalmente", añadió.

El periodista Christian Jiménez planteó que la percepción ciudadana no mejora porque "muchos casos pasan años abiertos sin condena", y mencionó unas 60 auditorías de la Cámara de Cuentas remitidas a la Procuraduría.

El presidente admitió el rezago, pero señaló que "hay ya sentencias definitivas de situaciones de corrupción. Quizás no todas las personas, ni a la velocidad, pero ya las hay. Hay que respetar el debido proceso también".

El periodista también cuestionó que hallazgos de los 28 informes de auditoría que la Contraloría publicó en octubre se hayan calificado como "inobservancias subsanables", citando entre ellos nóminas con personas no ubicadas, vehículos sin localizar y 47 millones de pesos en viáticos sin validar.

Abinader dijo que es el primer gobierno que publica esas auditorías sin "estar obligado", y cuestionó además la lectura de algunas cifras. "La mitad de la irregularidad o el 80 % de la irregularidad fue que no se ejecutó el presupuesto. Esa es una irregularidad. Entonces hay que saber leer también", afirmó.

Sobre los vehículos explicó que puede referirse a autobuses para asociaciones estudiantiles que no se habían traspasado, admitiendo al mismo tiempo que "son irregularidades, porque debieron de traspasarse".

Al hablar de los controles, Abinader reconoció que el Seguro Nacional de Salud (Senasa), escenario de un gran expediente de presunta corrupción abierto por el Ministerio Público durante su gestión, operó sin unidad de auditoría interna ni consejo: "ahí realmente hubo una falla de control estructural desde su fundación", dijo.

Actualmente la aseguradora cuenta con un consejo creado por decreto que aprueba los contratos; aun así, el mandatario consideró que "hay que cambiar la ley de Senasa", y aseguró que evalúa reforzar los controles en "quizás dos instituciones más", aunque no las identificó.

Informó además que hay en el Congreso un proyecto para elevar a ley la Unidad Antifraude de la Contraloría, creada por decreto en 2021. La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, se refirió a otras iniciativas en trámite: el sistema de integridad y transparencia, la ley de conflictos de interés en el sector público, la de protección al testigo, al informante y a la víctima, la reforma de la Ley 200-04 de libre acceso a la información y la de protección de datos personales.

Sobre la Unidad Antifraude, su director dijo no tener la cifra exacta de casos remitidos al Ministerio Público, pero habló de "decenas" y aseguró que la mayoría de las investigaciones penales en curso tienen algún aporte de los informes de esa dependencia. Abinader estimó que "mensualmente hay dos o tres casos menores que se van a la justicia".

El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, afirmó que la entidad que dirige ha remitido más de 15 casos a la Procuraduría General, cuando antes no había enviado ninguno, asegurando que algunos derivaron en imputaciones y que otros siguen en investigación, pero dijo desconocer el estatus de todos porque "la Procuraduría es autónoma".

Por otro lado, Pimentel afirmó que el Estado paga a sus pro