APUNTE.COM.DO.- El Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Conacerd) exhortó a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a conducirse con prudencia, sensibilidad y proporcionalidad, evitando aplicar multas y sanciones a los colmados, micro y pequeñas empresas que no consiguieron incorporarse al sistema de facturación electrónica dentro de los plazos fijados.

Antonio Cruz Rojas, presidente de la entidad, señaló que esa situación golpeará a los colmaderos, emprendedores y pequeños negocios de las zonas rurales del país, donde aún persisten limitaciones significativas en materia tecnológica, económica, de conectividad y de capacitación.

Cruz Rojas reconoció los esfuerzos que ha realizado la DGII, entre ellos la disposición de un facturador electrónico gratuito, pero sostuvo que las herramientas y medidas adoptadas resultan insuficientes para responder a las dificultades que enfrentan miles de pequeños comerciantes a nivel nacional.

El dirigente consideró desmedido pretender ejecutar una transformación de tal magnitud en plazos tan cortos, tomando en cuenta que la experiencia internacional muestra que la adopción generalizada de la facturación electrónica demanda procesos graduales de adaptación que en algunos países han tomado varios años.

“No podemos colocar a miles de pequeños comerciantes en un estado de incertidumbre, bajo la amenaza de sanciones económicas, cuando sabemos que muchos todavía enfrentan dificultades reales para cumplir. El Estado no puede exigir una transformación digital sin garantizar primero las condiciones necesarias para que todos puedan incorporarse”, declaró Cruz Rojas.

Asimismo, pidió a las autoridades revisar los plazos de implementación, impulsar las medidas necesarias para conceder prórrogas razonables e instaurar un período de acompañamiento y orientación, sin sanciones, que permita a las micro y pequeñas empresas culminar su transición.

El plazo para acogerse a la facturación electrónica, establecido por la Ley 32-23, venció el día anterior y la DGII reiteró que no hay posibilidad de otorgar una prórroga, ya que la propia normativa lo impide, de modo que los contribuyentes que no completaron el proceso deberán pagar una sanción de entre 5 y 30 salarios mínimos.

La DGII recibió miles de solicitudes durante el fin de semana, después de anunciar que trabajaría en horario extendido para acompañar a los contribuyentes hasta la 1:00 de la tarde por vía telefónica y de manera virtual hasta las 12:00 de la medianoche.

Los últimos datos divulgados indicaban que al cierre del viernes anterior más de 144,000 contribuyentes ya operaban bajo la modalidad de facturación electrónica, y que cerca del 50% de las empresas pequeñas, micro y no clasificadas aún no había iniciado el proceso pese a las facilidades ofrecidas.

La ley, promulgada el 16 de mayo de 2023, concedió un plazo de 12 meses a los grandes contribuyentes nacionales (hasta mayo de 2024), 24 meses a los grandes y medianos locales (hasta mayo de 2025) y 36 meses a los pequeños, micro y no clasificados (hasta mayo de 2026), además de aprobarse una extensión de seis meses.

La Ley 32-23, que crea el Sistema Fiscal de Facturación Electrónica, contempla un incentivo fiscal en forma de certificado de crédito fiscal para quienes adoptaran la facturación electrónica de manera voluntaria antes de los plazos obligatorios. Los montos van desde RD$2 millones para grandes empresas hasta 25,000 para micro.

A partir de hoy, los contribuyentes que no hayan completado su integración al sistema de facturación electrónica tras el vencimiento de la prórroga legal enfrentarán sanciones económicas de hasta 30 salarios mínimos.

La normativa faculta a la entidad recaudadora a aplicar medidas adicionales, como la suspensión de concesiones y privilegios o la clausura temporal de establecimientos comerciales en casos de reincidencia o incumplimiento grave.

Quienes permanezcan fuera del sistema digital perderán la capacidad de emitir comprobantes tradicionales con valor de crédito fiscal, lo que afectará sus operaciones comerciales con otras empresas o instituciones.