APUNTE.COM.DO.- Han pasado más de dos días desde el incendio que arrasó entre 57 y 60 viviendas en los barracones de Javid, en el sector Palmarito, y decenas de familias barahoneras continúan sin un lugar donde guarecerse. Los damnificados cuestionan la respuesta de las autoridades y consideran insuficiente la propuesta de pagar tres meses de alquiler a los inquilinos y seis a los propietarios de las casas destruidas.

El siniestro, ocurrido la noche del miércoles 11 de noviembre, dejó a numerosas familias sin viviendas, ajuares ni documentos personales. Algunas permanecen a la intemperie, mientras otras se han refugiado en iglesias, casas de parientes e incluso debajo de bancas de apuestas.

Giselina Cuevas, una de las afectadas, calificó de tímida la asistencia recibida y rechazó que el subsidio de alquiler tenga un plazo limitado, ya que muchas familias carecen de empleo e ingresos para sostenerse cuando ese período termine.

«Quieren darnos tres meses y después que nosotros hagamos lo que queramos. Eso no se puede, porque no tenemos dónde dormir ni dónde vivir. Después que se cumplan esos tres meses, ¿para dónde vamos?», preguntó.

La damnificada advirtió que los afectados podrían protestar o instalarse en el liceo Federico Henríquez y Carvajal si no reciben una solución habitacional. Señaló que entre los perjudicados hay madres con tres y cuatro hijos pequeños que viven en condiciones precarias y que, aunque han recibido fundas de alimentos, no cuentan con estufas ni utensilios para cocinar.

Sonia Batista Díaz, madre de cinco niños, relató que ha tenido que pasar las noches alternando entre la casa de un hermano y debajo de una banca de apuestas junto a sus hijos. Su preocupación se agrava porque una de sus hijas acaba de dar a luz y también perdió su vivienda en el siniestro.

«Nosotros necesitamos comida, agua y ropa, pero también queremos dónde dormir. No tenemos ni un colchoncito para tirarlo en el piso. Estamos amaneciendo en la calle», manifestó.

Batista Díaz, quien además tiene problemas en una de sus piernas, aseguró que algunos afectados pasan las noches sentados en sillas o acostados directamente en el suelo. Por eso pidió que se habilite de forma provisional el liceo Federico Henríquez y Carvajal o las instalaciones de los Comedores Económicos del Estado, ubicadas frente a los barracones, en la calle José A. Robert.

Otra de las damnificadas, María Esthel Molina, recordó que hace seis años prometieron viviendas a los residentes de la zona con el proyecto habitacional Villa Esperanza, cuya construcción, según dijo, comenzó durante una de las gestiones del expresidente Leonel Fernández y sigue inconclusa.

Para Molina, el incendio volvió a evidenciar las condiciones de precariedad en las que han vivido durante años las familias de los barracones.

A las pérdidas materiales se suma la dificultad para recuperar documentos personales. Erika Rosario denunció que acudió a la Junta Electoral de Barahona para pedir un duplicado de su cédula, destruida por las llamas, y que supuestamente le informaron que debía pagar RD$1,200 para obtenerla.

La mujer cuestionó que no se tome en cuenta la situación económica de quienes perdieron todas sus pertenencias en el incendio.

Amaury Féliz, residente en los barracones desde hace 20 años, denunció que Edesur no había restablecido el servicio eléctrico en las viviendas que quedaron en pie, pese a que habían transcurrido más de 61 horas desde el siniestro.

El residente indicó que el sector sigue a oscuras y pidió aprovechar la coyuntura para regularizar las instalaciones eléctricas, ya que antes se utilizaba un sistema de cableado artesanal.

El presidente de la junta de vecinos, Freddy Féliz, informó que las evaluaciones preliminares sitúan entre 57 y 60 las familias afectadas. También manifestó su desacuerdo con la propuesta de asistencia para alquileres y consideró necesario buscar alternativas que garanticen una reubicación adecuada.

Advirtió que la disponibilidad de viviendas en alquiler en Barahona es limitada, lo que dificulta encontrar alojamiento para tantas familias al mismo tiempo.

«A veces una sola persona dura tres, cuatro y hasta cinco meses buscando una vivienda y no la encuentra. Ahora hábleme usted de 57 o 60 familias, ¿qué vamos a hacer con ellas?», expresó.

Entre las alternativas planteadas por el dirigente comunitario figuran el traslado provisional de los damnificados a la Villa Olímpica de Villa Central y la habilitación de los Comedores Económicos como refugio temporal.

Féliz informó que se comunicó con la gobernadora provincial, Oneida Féliz, a quien solicitó una nueva reunión para discutir la situación y procurar respuestas a las demandas de los afectados.

Mientras tanto, las familias continúan dependiendo de las donaciones de particulares y de la solidaridad de iglesias y residentes de otros sectores, a la espera de una respuesta que les permita abandonar las calles y comenzar a recuperar sus vidas.