APUNTE.COM.DO.- El esquema tradicional de cumplir una jornada fija de 8 a.m. a 5 p.m. en una oficina o comercio pierde cada vez más terreno en la República Dominicana, donde un número creciente de ciudadanos adopta el autoempleo, los servicios profesionales independientes y los emprendimientos digitales como principal fuente de ingresos.
Diseñadores, programadores, creadores de contenido, conductores de plataformas digitales, técnicos y comerciantes independientes forman parte de una transformación del mercado laboral dominicano que responde tanto al avance de la economía digital como al descontento con los salarios iniciales del sector formal.
Para muchos trabajadores, sobre todo jóvenes y profesionales de clase media, trabajar por cuenta propia significa poder administrar su propio tiempo, evitar los largos congestionamientos de tránsito y librarse del tope salarial que impone una nómina tradicional. A ello se agrega el acceso a herramientas tecnológicas y plataformas globales que permiten ofrecer servicios desde el hogar a clientes locales o del exterior, lo que consolida una cultura laboral que valora la autonomía financiera y la flexibilidad por encima de la estabilidad tradicional.
Sin embargo, la independencia laboral trae un costo silencioso que suele pasar inadvertido hasta que ocurre una emergencia médica, un accidente o el retiro, ya que quien trabaja por cuenta propia queda fuera del amparo directo de las prestaciones que establece el Código de Trabajo.
Al analizar este fenómeno jurídico, el doctor Eduardo Tavárez Guerrero, especialista en derecho laboral, constitucional y familiar, explicó que el trabajador autónomo "simplemente recibe de forma directa, llana y rasa el monto que le solicita al que le está haciendo el trabajo", con lo que renuncia automáticamente a derechos como el salario de Navidad y las vacaciones remuneradas.
Sobre la desprotección previsional de este sector, el jurista afirmó que quien opera por su cuenta "no tendría un seguro contributivo" ni una cuenta en una AFP, y advirtió que "cuando lo vayan a prestar se le hace difícil, porque no tiene ningún tipo de pago que le hagan a una nómina, ni que aparezca en la TSS".
Otro punto crítico del mercado dominicano es la llamada subordinación encubierta, una práctica en la que algunas empresas contratan personal bajo la figura de servicios profesionales o "igualas" para evadir el pago de prestaciones y cotizaciones sociales, aunque les exigen horarios fijos y el cumplimiento de órdenes directas.
Ante estas zonas grises de la contratación, el profesional del derecho aclaró que "el sistema de contratación por iguala no es un sistema laboral, es un sistema civil o comercial de servicio", pero subrayó que en la justicia rige el "contrato realidad, o sea, no lo que está escrito, sino realmente lo que tú estás ejecutando, es lo que vale".
El entrevistado advirtió además que muchas empresas cruzan esa frontera legal al imponer jornadas obligatorias. Sostuvo que "cuando la persona está en la exclusiva orden del contratante, hay una subordinación" y que, si se le exige cumplir un horario fijo, "aunque le paguen como iguala, entonces ya se convierte en un trabajador" con pleno derecho a reclamar sus prestaciones.
Aunque el país cuenta con el Registro Nacional de Contribuyentes y con el Régimen Simplificado de Tributación para facilitar el cumplimiento fiscal, la cobertura de la seguridad social sigue siendo la principal deuda pendiente para los trabajadores autónomos, mientras las cargas tributarias desincentivan su paso a la formalidad.
En cuanto a las barreras económicas para registrarse, el especialista sostuvo que muchos emprendedores "están prácticamente obligados a ser independientes, porque cuando se formalizan, las diferentes normas que hay los asfixian en cuanto a las ganancias", al enfrentar deducciones como la retención del 10 %, el impuesto sobre la renta y el pago de anticipos.
Tavárez señaló que la informalidad persiste porque "el trabajador dominicano siente que no hay una reinversión real en los impuestos que le cobran con las inversiones que se hacen en obras públicas", lo que plantea al Estado el reto urgente de modernizar las leyes laborales y crear esquemas de protección accesibles para este sector.
