APUNTE.COM.DO.- El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, respaldó este viernes la propuesta del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Justiniano Montero, de reactivar los tribunales móviles con el fin de facilitar las audiencias judiciales, garantizar el debido proceso y contribuir a reducir la sobrepoblación en las cárceles dominicanas.
Ulloa señaló que este mecanismo ayudaría a disminuir las dificultades logísticas que enfrentan las personas privadas de libertad para comparecer ante los tribunales y evitaría que los traslados desde los centros penitenciarios generen retrasos en los procesos judiciales, de acuerdo con un comunicado.
El funcionario indicó que alrededor de 25,000 personas se encuentran privadas de libertad en el país y sostuvo que la implementación de estos tribunales facilitaría el acceso a la justicia, en especial en los procedimientos vinculados con la ejecución de las penas.
«Aplicar la medida de los tribunales móviles garantiza el artículo 69 de la Constitución: el debido proceso. Y con eso enfrentamos uno de los problemas más grandes que tienen nuestras cárceles, que es la sobrepoblación», expresó.
El artículo 69 de la Constitución establece las garantías de tutela judicial efectiva y debido proceso, entre ellas el derecho de toda persona a ser escuchada dentro de un plazo razonable.
La propuesta busca facilitar la celebración de audiencias en los lugares donde se encuentran los internos, reducir los aplazamientos y mejorar la coordinación entre el sistema judicial y el penitenciario. Su eventual aplicación requeriría establecer los mecanismos operativos y jurisdiccionales correspondientes.
Las declaraciones de Ulloa fueron ofrecidas durante una jornada de la Ruta por la Ciudadanía en Puerto Plata, donde encabezó la charla-taller «El nuevo Código Penal: conocer nuestros derechos para protegerlos», realizada en la Sala Capitular del Ayuntamiento Municipal.
La actividad forma parte de las jornadas de orientación que desarrolla el Defensor del Pueblo en distintas provincias para informar a los ciudadanos sobre sus derechos fundamentales y los cambios introducidos en el ordenamiento jurídico dominicano.
