APUNTE.COM.DO.- La Fiscalía de Paraguay amplió este viernes la imputación contra el expresidente Santiago Peña por presunta asociación criminal y lo identificó como supuesto jefe de una estructura que habría operado desde el aparato estatal para favorecer los intereses del Grupo Vázquez, vinculado a Ueno Bank. La investigación también abarca al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo, al exsuperintendente de Bancos Holger Insfrán y a tres antiguos integrantes del directorio de la autoridad monetaria.
La nueva calificación penal se suma a los cargos que Peña ya enfrentaba por lesión de confianza y administración en provecho propio, dentro de la causa que investiga presuntas irregularidades financieras relacionadas con esa entidad bancaria. El exmandatario continúa bajo prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial, en Asunción.
Según la hipótesis del Ministerio Público, los investigados habrían conformado una organización con funciones repartidas entre distintas áreas del Estado para influir en las decisiones de los organismos encargados de controlar el sistema financiero. La finalidad habría sido garantizar condiciones favorables para el conglomerado empresarial relacionado con Ueno Bank y evitar que las autoridades adoptaran medidas que afectaran sus operaciones.
En el documento fiscal, los investigadores describieron una estructura con niveles de responsabilidad y señalaron que Peña habría ocupado el papel de “jefe de la estructura”. La acusación sostiene que, durante su gestión presidencial, habría promovido la llegada de personas de su confianza o con antecedentes de vinculación empresarial a puestos determinantes dentro del Banco Central.
Entre los nombramientos cuestionados figura el de Carlos Carvallo, quien antes de asumir la presidencia del BCP había encabezado Financiera Ueno. También se menciona a Holger Insfrán, designado al frente de la Superintendencia de Bancos, y a los exmiembros del directorio Liana Emilce Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González Maldonado.
Para los fiscales, esa distribución de cargos habría permitido que los integrantes de la presunta organización utilizaran sus atribuciones públicas para proteger los intereses privados del grupo económico. El escrito sostiene que las actuaciones habrían buscado asegurar un “blindaje legal” y mantener la continuidad de las operaciones cuestionadas.
La investigación también atribuye al expresidente encuentros reservados y periódicos con Miguel Vázquez, titular de Ueno Bank, en la residencia presidencial Mburuvicha Róga. De acuerdo con la acusación, esas reuniones habrían servido para coordinar las necesidades del conglomerado empresarial.
Además, el Ministerio Público sostiene que Peña habría intervenido mediante declaraciones públicas y directivas institucionales para desalentar actuaciones de supervisión sobre la entidad financiera. Los investigadores también examinan su presunta intervención para restar importancia a las advertencias sobre la situación patrimonial del banco.
La ampliación de la causa coincidió con la presentación de nuevas imputaciones contra tres antiguos integrantes del directorio del BCP, quienes fueron detenidos durante los procedimientos realizados por los investigadores.
Liana Caballero, quien llegó a ocupar la presidencia interina del Banco Central tras la salida de Carvallo, fue imputada por presunta lesión de confianza grave y asociación criminal, en calidad de autora. La misma calificación fue aplicada a Miguel Ángel Mora, también exintegrante del directorio.
Por su parte, Marco Aurelio González Maldonado enfrenta cuatro imputaciones: lesión de confianza grave, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, utilización de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal. La Fiscalía le atribuye la presunta comisión de esos hechos en calidad de autor.
Carvallo ya estaba imputado por lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio. En el caso de Insfrán, la acusación inicial contemplaba una presunta lesión de confianza grave.
El Ministerio Público sostiene que exfuncionarios del Estado articularon medidas para beneficiar los intereses del Grupo Vázquez.
Los fiscales solicitaron al juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú que ordene prisión preventiva para González Maldonado. Para Caballero y Mora pidieron arresto domiciliario, con dispositivos electrónicos de vigilancia.
También requirieron el bloqueo de las cuentas bancarias y los bienes de los tres exdirectivos, con el propósito de impedir que esos activos sean transferidos o enajenados mientras avanza el expediente y ante un eventual pedido de decomiso.
Durante los allanamientos realizados en las viviendas de los exfuncionarios, los investigadores incautaron dispositivos electrónicos y tres certificados de depósito de ahorro (CDA) de Ueno Bank por montos considerados relevantes. El material será sometido a análisis para determinar si contiene información útil sobre las operaciones investigadas.
