APUNTE.COM.DO.- La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se encuentra de visita en el país incluyó en su agenda el alcance y los resultados del Plan Anticrisis contemplado en la Ley 30-26, junto con una revisión del Presupuesto Nacional de este año y del correspondiente a 2027.

El equipo también examina las cifras de cierre de la economía en este año y su crecimiento, además del comportamiento de la inflación, de la cuenta corriente y las proyecciones de corto y medio plazo. Otros puntos en análisis son la revisión de la clasificación del régimen o tipo de cambio y el nivel de transparencia de las inversiones en el mercado cambiario.

En el plano fiscal, la misión analizará con las autoridades las principales causas del déficit, entre ellas el sector eléctrico y los subsidios no focalizados, así como la inversión pública. En materia financiera, el análisis se concentra en el grado de implementación del “mark to market” (valor a precio de mercado) de las entidades de intermediación financiera, dispuesto por la Superintendencia de Bancos.

Este jueves, el jefe de la misión del FMI, Michael Perks, visitó la Superintendencia de Bancos, donde se reunió con el superintendente Enmanuel Cedeño Brea y su equipo técnico. Según un comunicado de la SB, en el encuentro “pasaron revista al desempeño y los prospectos del sistema financiero dominicano, así como a los avances regulatorios y en materia de supervisión impulsados para mantener la resiliencia y estabilidad del sector”.

También se abordaron los avances en el proceso de adopción de los estándares de Basilea III, la entrada en vigor del Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros y la emisión de los instructivos de aplicación del Reglamento sobre Riesgo Operacional.

En la reunión de la SB, además de Michael Perks, jefe de la delegación, la misión del FMI estuvo integrada por Nathaniel Arnold, economista senior; Ilya Stepanov, economista; Rasool Zandvakil, economista senior; Gerardo Peraza, representante residente en Centroamérica, y Frank Fuentes, representante de República Dominicana ante el FMI.

Por parte de la Superintendencia de Bancos participaron Elbin Cuevas, asesor en Supervisión Bancaria; Yulianna Ramón, subgerente de Regulación e Innovación; José Guillermo López, subgerente de Supervisión; Luz Marte, consultora Jurídica y Cumplimiento; Mario Leslie Soto, director de Supervisión de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; Cinthia Vargas, directora de Supervisión Financiera; Stefan Bolta, director de Estudios Económicos; Inés Páez, directora de Innovación e Inclusión Financiera; Víctor Baldera, subdirector de Riesgos Financieros, y Luisa Gómez, subdirectora de Estudios Económicos, entre otros.

La visita de la misión del FMI se realiza de forma regular y la lleva a cabo un equipo de técnicos del Fondo cada uno o dos años con sus 191 miembros, para luego emitir un documento que se publica a su salida del país en cuestión y que posteriormente es ampliado y divulgado en el portal del organismo por su Directorio.

Las conversaciones se realizan generalmente con funcionarios del sector público, como el Banco Central, el Ministerio de Economía y Hacienda, las direcciones de Impuestos Internos y de Aduanas, el sector eléctrico (EDEs) y las Superintendencias de Bancos y de Electricidad, además de los principales gremios del sector privado, entre ellos el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), la Asociación de Industrias, la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) y la Asociación de Bancos Múltiples (ABA).

El país forma parte de los socios fundadores del FMI, organización a la que ingresó el 28 de diciembre de 1945. A la fecha ha suscrito 10 acuerdos de distintas modalidades, incluido uno de Facilidad Ampliada en 1984.

El FMI ha enviado al país otras delegaciones que han ofrecido asesorías en transparencia fiscal, han evaluado la factibilidad de unificar los procesos de la DGII y la DGA, de retomar la ejecución del Pacto Eléctrico y los temas pendientes para una reforma fiscal integral que permita elevar la presión fiscal, disminuir la rigidez presupuestaria y eliminar los subsidios generalizados mediante un programa de focalización para proteger a los más vulnerables.

Como parte de la evaluación de transparencia fiscal y en atención a una solicitud del Ministerio de Economía y Hacienda, en noviembre de 2025 el FMI recomendó integrar los fideicomisos públicos al reporte y la documentación presupuestaria, creando mecanismos para recopilar y difundir información patrimonial y operativa.