APUNTE.COM.DO.- El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenó el internamiento por cinco años en un centro psiquiátrico de Salud Pública para John Raymond Durán Villar, el hombre que el 4 de febrero de 2024 ingresó con una camioneta a la sede del Palacio Nacional y arrolló a dos integrantes de la Guardia Presidencial.

La sentencia fue dictada por el tribunal presidido por Keila Pérez Santana e integrado por Arisleida Méndez Batista y Francis Hernández Susaña. La medida deberá cumplirse bajo la vigilancia del Ministerio Público en una instalación adscrita a Salud Pública.

Los jueces consideraron acreditados tanto la ocurrencia de los hechos como la participación del imputado, con base en los artículos 2, 295, 304 y 435 del Código Penal dominicano.

Además, el tribunal acogió las constituciones en actor civil de los militares afectados y fijó indemnizaciones: un millón de pesos para el sargento Westel Yoel Jiménez Hernández y 700,000 pesos para el raso Erick Yeremi Castillo Tejada, para un total de 1,700,000 pesos.

Según la acusación del Ministerio Público, el hecho ocurrió cerca de las 11:50 de la noche del 4 de febrero de 2024, cuando Durán Villar llegó a la entrada del Palacio Nacional en la avenida México a bordo de una camioneta Chevrolet Colorado de color gris.

El documento señala que el conductor avanzó en sentido contrario, hizo una maniobra de reversa y luego aceleró a gran velocidad contra la puerta de acceso donde prestaban servicio los dos militares.

Ambos fueron embestidos y cayeron al pavimento, mientras el conductor siguió su marcha, derribó otras barreras y puertas de seguridad y llegó hasta el estacionamiento reservado al presidente de la República, donde se detuvo tras chocar contra otro vehículo.

Los militares sufrieron lesiones graves. Jiménez Hernández presentó trauma craneoencefálico, fracturas y hemorragia subaracnoidea postraumática, por lo que fue ingresado en cuidados intensivos y operado. Castillo Tejada sufrió trauma craneoencefálico y hematomas, además de lesiones que le dejaron una cicatriz permanente en la frente.

Durante el proceso, la defensa argumentó que Durán Villar atravesaba un episodio psicótico al momento de los hechos y presentó evaluaciones e informes psiquiátricos para respaldar esa tesis.

El tribunal ya había declarado su inimputabilidad para el juicio ordinario mediante una resolución del 16 de octubre de 2025, por lo que fue representado en el proceso por su esposa, María Estela Cruz de Durán.

Las juezas precisaron que esa condición no lo eximía de responsabilidad por los hechos, cuya materialidad y autoría quedaron acreditadas con pruebas testimoniales, documentales, periciales y audiovisuales presentadas en el juicio.

La sentencia indica que, aunque no corresponde imponer una pena ordinaria, debe aplicarse una medida de seguridad para garantizar la atención médica del imputado y proteger a terceros.

También dispuso que durante el cumplimiento de la medida se le practiquen evaluaciones periódicas por las autoridades competentes, de modo que su permanencia dependa de que se mantengan las condiciones que justificaron el internamiento.

La decisión establece que su esposa, María Estela Cruz de Durán, designada como representante legal, deberá velar por que reciba el tratamiento correspondiente.

La sentencia dispone además su notificación al juez de Ejecución de la Pena.