APUNTE.COM.DO.- Un grupo de siete abogados presentó una solicitud al procurador general de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, para que se investigue cómo actuaron los fiscales que habrían intervenido en la tramitación y entrega de órdenes judiciales de arresto y allanamiento que ejecutaron agentes de la Policía Nacional en operativos que culminaron con la muerte de ciudadanos.
Los juristas Carlos Balcácer, Cándido Simón Polanco, Enrique Vallejo Garib, Guarionex Ventura, Ibo René Sánchez, Manuel Sierra Pérez y Valentín Medrano Peña afirman que hay elementos que justifican aclarar el papel del Ministerio Público en los procedimientos previos a los llamados intercambios de disparos en los que perdieron la vida personas a manos de miembros de la Dirección Central de Investigación (DICRIM).
En la instancia, los abogados piden que se determine qué fiscales solicitaron las órdenes de arresto y allanamiento, quiénes las recibieron y las entregaron a los agentes policiales, en qué circunstancias se ejecutaron y qué función cumplieron los representantes del Ministerio Público durante esos procedimientos.
Los denunciantes señalan que, en algunos casos, fiscales habrían participado después en el levantamiento de las actas de los hechos, por lo que consideran necesario establecer si estuvieron presentes durante los operativos y, en caso de no haberlo estado, las razones de su ausencia.
Los abogados sostienen que entre el 17 de agosto y el 28 de septiembre de 2026 se produjeron 47 muertes durante intervenciones policiales, de acuerdo con un levantamiento elaborado a partir de comunicados de la Policía Nacional y de publicaciones de medios de comunicación.
Indican que esas muertes ocurrieron en los primeros 42 días de la actual gestión del director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García. Como punto de comparación, señalan que en los 42 días previos al cambio de mando se habían registrado, según sus cálculos, un máximo de 14 fallecimientos en circunstancias similares.
La denuncia también recoge que, según los datos recopilados por los firmantes, en septiembre se registraron 39 muertes en operativos policiales, una cifra que consideran alarmante frente a los registros del mismo período del año anterior.
Los abogados identifican entre las víctimas a jóvenes y adolescentes, algunos de entre 18 y 29 años, y citan los casos de Nathanael Elena Matos, de 18 años, y Willi David Gómez Batista, de 26. Sobre este último, señalan que su madre habría cuestionado públicamente la versión policial y sostenido que su hijo estaba desarmado cuando fue ultimado.
Otro de los puntos planteados en la denuncia es el supuesto uso de la expresión policial "clave 29", que los abogados interpretan como una alusión a la muerte de personas perseguidas por las autoridades. En ese sentido, atribuyen al director general de la Policía Nacional expresiones públicas que, a su juicio, podrían constituir una incitación a actuaciones contrarias al derecho a la vida y a las garantías constitucionales.
Los denunciantes consideran que esas declaraciones deben ser examinadas junto con el aumento de las muertes registradas durante los operativos policiales y las circunstancias particulares de cada caso. Asimismo, sostienen que los denominados intercambios de disparos no bastan por sí solos para justificar el uso de fuerza letal, por lo que reclaman investigaciones independientes que permitan establecer cómo ocurrieron los hechos.
Entre las diligencias que piden al procurador general de la Corte de Apelación del Distrito Nacional figura interrogar a los fiscales adscritos a la Fiscalía del Distrito Nacional que solicitaron las órdenes judiciales relacionadas con las personas que posteriormente fallecieron.
También solicitan requerir a la fiscalía encargada de Asuntos Internos los informes sobre los casos en los que estuvieron involucrados agentes policiales, en especial miembros de la Dicrim.
De igual manera, piden a la magistrada Kenya Romero Severino, coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, rendir información sobre las órdenes de arresto expedidas, los fiscales que las solicitaron y las personas a quienes fueron entregadas.
Los abogados requieren que se abra una investigación inmediata y que se les informe sobre sus resultados, a fin de determinar si existen responsabilidades penales de miembros de la Policía Nacional o del Ministerio Público.
Advirtieron que, si no reciben respuestas o consideran que las autoridades no realizan las indagatorias correspondientes, se reservan el derecho de acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los mecanismos de la Organización de las Naciones Unidas.
La denuncia fue remitida además al Defensor del Pueblo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, el Consejo Superior del Ministerio Público, representantes de la Iglesia católica y otras instituciones nacionales e internacionales.
Los firmantes fundamentan su petición en las disposiciones constitucionales que protegen el derecho a la vida, así como en las normas procesales y los tratados internacionales que obligan al Estado a investigar las muertes ocurridas durante intervenciones de sus agentes.
