APUNTE.COM.DO.- Representantes y miembros de las familias Severino y Torres se manifestaron este miércoles para denunciar presuntas irregularidades en dos procesos inmobiliarios en los que, según sostienen, están involucrados el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y otras instituciones.

El abogado Nelson Montero Montero, representante legal de los sucesores de Tomás Severino y Manuel Torres, afirmó durante la protesta que ambas familias han sido víctimas de supuestos fraudes inmobiliarios, abuso de autoridad, violaciones al debido proceso y desacato de decisiones judiciales que, a su juicio, reconocen sus derechos sobre los terrenos en disputa.

Montero explicó que el conflicto de la familia Severino se remonta a cuando sus antecesores arrendaron varias propiedades a la Compañía Azucarera Dominicana, hoy Consejo Estatal del Azúcar (CEA). Según indicó, al vencer los contratos la institución habría puesto en marcha procedimientos de saneamiento para titular los terrenos a su nombre en lugar de reintegrarlos a sus dueños.

De acuerdo con el jurista, en 2015 los sucesores de Tomás Severino demandaron ese procedimiento y lograron una sentencia favorable del Tribunal Superior de Tierras, identificada con el número 201700118, del 27 de julio de 2017.

Añadió que el CEA recurrió luego ante la Suprema Corte de Justicia, cuya Tercera Sala desestimó el recurso de casación mediante la sentencia número 135-19, del 13 de marzo de 2019. También mencionó que el Tribunal Constitucional rechazó las acciones de revisión constitucional y de suspensión de ejecución de sentencia a través de los fallos TC-0241-20 y TC-078-20.

Pese a esas decisiones, Montero denunció que el conflicto por la posesión de los terrenos continúa y cuestionó una sentencia dictada el 25 de noviembre de 2025 por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este que, según afirmó, contradice cinco decisiones previas favorables a los sucesores Severino.

El abogado también acusó al director del CEA, Burgo Gómez, de emplear personal militar asignado a esa institución para destruir cercas, viviendas y otros elementos ubicados en los terrenos reclamados por la familia.

Según su denuncia, esas acciones habrían perjudicado los procedimientos de saneamiento impulsados por los sucesores, ya que al momento de las inspecciones judiciales los terrenos supuestamente ya no mostraban las condiciones de cercado, cultivo y ocupación que exige la legislación inmobiliaria.

Sostuvo que disponen de fotografías y videos de los hechos que respaldan sus señalamientos, aunque criticó que esas evidencias no hayan sido ponderadas debidamente por los tribunales.

En cuanto a la familia Torres, Montero indicó que sus integrantes también enfrentan un conflicto por terrenos situados en la parcela 94, del distrito catastral número 5, con una superficie de 1,572,150 metros cuadrados, equivalentes a unas 2,500 tareas.

El representante legal afirmó que esas propiedades han sido usufructuadas durante décadas por el Consorcio Vicini junto con el CEA, mediante un supuesto contrato de arrendamiento, a pesar de que, según alegó, los sucesores de Manuel Torres cuentan con una sentencia firme que reconoce sus derechos sobre los terrenos.

Asimismo, denunció que las propiedades que corresponden a la familia Severino han sufrido reiteradas intervenciones. Como ejemplo, señaló que en cuatro ocasiones habrían destruido las alambradas de una parcela que recibió como pago en naturaleza por sus servicios profesionales en 2022, además de una plantación de plátanos, una vivienda de bloques, una siembra de coco y árboles de aguacate.

Durante la protesta, los representantes de ambas familias pidieron al presidente Luis Abinader que, en un plazo de 15 días, disponga las medidas necesarias para que las instituciones involucradas devuelvan los terrenos reclamados.

En el caso de los sucesores de Tomás Severino, demandan la entrega de propiedades con una extensión de 6,754,526.38 metros cuadrados, equivalentes a 10,740.89 tareas, así como otras 4,150,476 metros cuadrados, equivalentes a 6,600 tareas, que atribuyen al ámbito de responsabilidad del Banco Central.

También reclaman la devolución de los 1,572,150 metros cuadrados correspondientes a los sucesores de Manuel Torres, que, según denunciaron, actualmente son aprovechados por el Consorcio Vicini.

Montero advirtió que, si el Gobierno no atiende sus reclamos, ambas familias recurrirán a organismos internacionales, entre ellos el Departamento de Estado de Estados Unidos y Bonsucro, organización internacional vinculada a la producción sostenible de caña de azúcar y sus derivados.

Según explicó, pretenden presentar documentación para denunciar que terrenos cuya propiedad reclaman estarían siendo utilizados para la producción azucarera, pese a las decisiones judiciales que, aseguran, reconocen sus derechos.

Finalmente, advirtió que, de no recibir una respuesta favorable, los sucesores de Severino y Torres contemplan ocupar las propiedades en disputa y responsabilizaron al Gobierno por cualquier situación de violencia que pudiera producirse durante esas acciones.