APUNTE.COM.DO.- La Policía Nacional informó este martes sobre el desmantelamiento de una presunta red dedicada a la fabricación de armas de fuego mediante impresoras 3D en República Dominicana, una modalidad que posibilita producir armamento carente de números de serie y de registros oficiales, lo que complica la identificación de quienes las fabrican y de su procedencia.
Estas piezas, conocidas como "armas fantasmas", pueden armarse de manera clandestina con componentes impresos en materiales como polímeros y con partes adquiridas por separado. Aunque tienen la capacidad de disparar municiones convencionales y de provocar heridas mortales, pueden no contar con los elementos de identificación que se usan para rastrear las armas de fabricación industrial.
Durante los allanamientos efectuados entre el 24 de octubre y el 7 de noviembre en Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Los Alcarrizos, las autoridades detuvieron a cinco personas y ocuparon seis fusiles, una ametralladora tipo Uzi, 466 cápsulas, 26 cargadores, cinco armazones, 33 kits de ensamblaje y una impresora 3D.
Uno de los principales investigados es el argentino Matías Antonio Barrera, apresado en el sector Nazareno, de Los Alcarrizos, donde presuntamente empleaba impresoras tridimensionales para elaborar armazones de polímero y ensamblar armamento sin identificación de fábrica.
La Policía también identificó a Robert Vázquez La Paix y Starling Paniagua Montero, ambos prófugos, como presuntos distribuidores vinculados con la comercialización de más de 20 armas de fuego.
Las autoridades aún no han determinado cuántas de las armas ocupadas fueron fabricadas con componentes impresos en 3D ni cuál fue el destino de las unidades comercializadas.
Las armas convencionales habitualmente llevan números de serie que permiten identificar al fabricante y reconstruir parte de su historial comercial. Las producidas de forma clandestina pueden carecer de esas referencias, si bien todavía es posible analizarlas mediante pruebas balísticas y otras técnicas forenses.
La impresión tridimensional también permite elaborar determinados componentes en viviendas y pequeños talleres, al margen de los controles tradicionales de fabricación y comercialización de armas, y da acceso a armas de fuego de alto calibre a personas que de otro modo no tendrían oportunidad de obtenerlas.
La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ha alertado sobre los riesgos vinculados a la fabricación privada de armamento, la circulación de diseños digitales y las dificultades para identificar armas que no tienen marcajes de fábrica.
República Dominicana ya había sido señalada como destino de este tipo de armamento. En diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la condena de Robert Alcantara, residente en Rhode Island, a 68 meses de prisión por traficar más de 100 armas fantasma hacia territorio dominicano.
Alcantara operó entre 2017 y enero de 2022 un taller clandestino donde ensamblaba armas a partir de kits incompletos para comercializarlas en República Dominicana.
En aquel expediente, las armas eran ensambladas en Estados Unidos. La investigación anunciada ahora documenta la presunta fabricación de componentes mediante impresoras 3D dentro del territorio dominicano.
En septiembre, el Ministerio de Interior y Policía ya había advertido sobre las prohibiciones aplicables a la fabricación ilegal de armas mediante impresión tridimensional, conforme a la Ley 631-16.
La legislación dominicana sanciona la fabricación de armas sin autorización y establece controles sobre sus componentes. Las autoridades deben identificar los talleres clandestinos, rastrear las piezas utilizadas y determinar las redes responsables de su comercialización.
