APUNTE.COM.DO.- La organización Amnistía Internacional (AI) exhortó este lunes a los gobiernos de Haití y El Salvador a asegurar el respeto a los derechos humanos frente al despliegue de más de 2.000 militares salvadoreños en Puerto Príncipe para enfrentar a las bandas armadas.
Ana Piquer, directora para las Américas de AI, señaló en un comunicado que tanto el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, como el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, «deben garantizar que todas las operaciones de las fuerzas salvadoreñas en Haití respeten el derecho internacional de los derechos humanos».
«El compromiso del primer ministro haitiano de no tolerar violaciones debe traducirse en garantías efectivas», agregó la representante.
Las bandas armadas controlan la mayor parte de Puerto Príncipe y son combatidas por la Policía Nacional Haitiana (PNH) y la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés), cuya creación autorizó en septiembre de 2025 el Consejo de Seguridad de la ONU.
A esa campaña se sumó el mes pasado un contingente de más de 2.000 soldados salvadoreños enviados por Bukele con el argumento de colaborar en la búsqueda de cuatro militares de esa nacionalidad que integraban la GSF y que están desaparecidos desde el 18 de octubre, después de que bandas armadas los emboscaran en la zona de Santo, en el distrito capitalino de Croix-des-Bouquets.
Piquer también pidió transparencia sobre la misión: «Ambos gobiernos deben hacer público el acuerdo que ampara el despliegue y explicar cómo supervisan a las fuerzas desplegadas, qué reglas rigen el uso de la fuerza, ante quién rinden cuentas y cómo puede la población denunciar posibles violaciones sin temor a represalias».
Fils-Aimé manifestó la semana pasada que su Gobierno busca «acabar con el dominio de las pandillas y restaurar la autoridad del Estado» con el respaldo de El Salvador y de la GSF, aunque no queda claro si la tropa salvadoreña actúa de manera autónoma o coordinada con la PNH y la Fuerza de Supresión de Pandillas.
El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, precisó la semana pasada que «la gran mayoría» de los efectivos salvadoreños desplegados en Haití «no forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas y, por tanto, quedan fuera del ámbito del mandato y de los mecanismos de información de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas».
En cuanto a los riesgos para la población, Piquer advirtió: «La población haitiana tiene derecho a vivir sin violencia y sin miedo. Las operaciones de seguridad pueden agravar los riesgos para comunidades que ya enfrentan una profunda crisis humanitaria, especialmente cuando se desarrollan cerca de viviendas, escuelas y hospitales».
AI subrayó que «el uso de la fuerza debe respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad» y que «la protección de niñas y niños, incluidos quienes han sido reclutados por bandas armadas, exige personal capacitado en derechos humanos, protocolos específicos y atención especializada».
La organización también sostuvo que las autoridades de ambos países deben asegurar «investigaciones prontas, independientes e imparciales sobre toda denuncia de violaciones de derechos humanos», y reclamó esclarecer lo ocurrido con los cuatro militares salvadoreños, quienes, «si están en poder de una banda armada, deben ser liberados de inmediato y sin sufrir daño».
