APUNTE.COM.DO.- El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, advirtió que el elevado costo de la vida, la inseguridad ciudadana y la migración irregular podrían convertirse en factores decisivos para el desempeño electoral del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) en los comicios de 2028.

Durante su participación en Los Coloquios de EL DÍA, el legislador de la Fuerza del Pueblo analizó el panorama político de cara al próximo proceso electoral, la gestión económica del Gobierno, la indexación salarial, la posibilidad de una alianza opositora y la disposición de su organización a sumarse a un diálogo nacional.

Fernández consideró que los gobiernos suelen perder elecciones como consecuencia de una combinación de factores externos y problemas internos que no siempre atienden adecuadamente. En ese sentido, señaló que el malestar ciudadano puede acumularse cuando las autoridades se concentran en resolver situaciones cotidianas y dejan de responder a las principales preocupaciones de la población.

Identificó entre esos problemas el alto costo de la vida, la inseguridad y la migración irregular, que calificó de descontrolada respecto a los países vecinos.

El senador también acusó al Gobierno de aplicar una especie de reforma fiscal encubierta, mediante aumentos graduales de impuestos y servicios que impactan directamente el bolsillo de los ciudadanos, sin presentar formalmente una modificación del sistema tributario. Al referirse a incrementos como el del marbete, sostuvo que esas medidas parecen introducirse por partes para evitar el costo político de anunciar una reforma fiscal.David Collado y Omar Fernández, los presidenciables que nunca se han declarado

Fernández expresó su decepción con el rumbo de la actual administración, aunque reconoció que algunas de las propuestas presentadas por el PRM en sus programas de gobierno de 2020 y 2024 le parecían razonables.

Afirmó que la gestión se ha caracterizado por un incremento sustancial del gasto corriente, que calificó de improductivo, y una reducción del gasto de capital, que describió como posiblemente la más baja de la historia.

Planteó la necesidad de construir una administración pública más eficiente, con menos burocracia y regulaciones, que facilite el emprendimiento, la generación de empleos y la producción de riquezas. Sostuvo que el Estado debe asumir primero los sacrificios y demostrar eficiencia antes de exigir mayores aportes económicos al ciudadano.

Sobre la posibilidad de convocar un diálogo nacional para abordar los principales problemas del país, Fernández aseguró que la Fuerza del Pueblo estaría dispuesta a participar en cualquier espacio que procure soluciones de interés general. Recordó experiencias anteriores en las que el presidente de la República y los expresidentes se han reunido para tratar asuntos de urgencia nacional, y afirmó que las diferencias partidarias no deben colocarse por encima de los intereses del país.

Al abordar la posibilidad de una alianza entre los partidos opositores para enfrentar al PRM en 2028, el senador sostuvo que un acuerdo electoral no es indispensable para que la Fuerza del Pueblo alcance sus objetivos políticos, aunque reconoció que una concertación podría mejorar las posibilidades de triunfo. Consideró que las negociaciones no deben limitarse a dos organizaciones, debido a que el sistema político cuenta con 34 partidos. Por ello, favoreció una alianza que procure integrar la mayor cantidad posible de fuerzas políticas.Omar Fernández insta Congreso mayor fiscalización

Como referencia, recordó que en las elecciones de 2024 el PRM no alcanzó individualmente el 50 % de los votos y que el respaldo de sus aliados permitió elevar la votación conjunta hasta aproximadamente un 57 %.

Fernández exhortó a los partidos a dejar de lado los egos y colocar las necesidades de los ciudadanos por encima de los intereses particulares.

El legislador sostuvo que los dirigentes deben mantener coherencia con las posiciones que defienden, especialmente cuando se trata del cumplimiento de las leyes. Señaló que, como senador, tiene la responsabilidad de velar por la aplicación de la legislación y participar en su elaboración, por lo que consideraría contradictorio exigir su cumplimiento y posteriormente justificar que se incumpla.