APUNTE.COM.DO.- La Asamblea Nacional de Ecuador, donde el oficialismo tiene mayoría, aprobó este lunes la denominada ley antimafias, un proyecto que contó con la asesoría de Italia y que modifica varias normas para reforzar la capacidad del Estado ante el crimen organizado, incluida una acumulación excepcional de penas que puede llegar a los 60 años de prisión.
La propuesta fue presentada en junio pasado por la presidenta del Legislativo, la oficialista Mishel Mancheno, quien afirmó este lunes que su aprobación representaba "un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado" que el presidente Daniel Noboa puso en marcha en 2024, cuando declaró una "guerra" a los grupos armados que han generado una crisis de violencia sin precedentes.
El documento se aprobó con 85 votos de los asambleístas del partido de Gobierno, Asamblea Nacional del Ecuador, y de sus aliados, y no contó con el respaldo de la Revolución Ciudadana (RC), la principal fuerza opositora, liderada por el expresidente Rafael Correa (2007-2017) y que se encuentra suspendida.
La Asamblea indicó en un comunicado que la normativa reforma el código penal, la ley sobre drogas y el código de la Función Judicial, entre otras, y redefine las responsabilidades penales de quienes integran, dirigen, financian o colaboran con organizaciones criminales.
También incorpora nuevos delitos vinculados al reclutamiento de personas, al desplazamiento interno forzado y al confinamiento de comunidades mediante violencia o amenazas.
Uno de los cambios centrales se refiere a la acumulación de penas de cárcel, que hasta ahora tiene un máximo de 40 años.
Con esta ley, que todavía debe ser ratificada por el presidente Noboa antes de entrar en vigencia, ese tope sube a 60 años solo cuando dicha acumulación corresponda a tres o más delitos dolosos, autónomos e independientes y la suma de las penas de cárcel determinadas individualmente para cada infracción supere los cuarenta años.
Asimismo, se establecen mecanismos para proteger la identidad de los jueces que conocen causas de delincuencia organizada y la inhabilitación profesional de abogados y contadores que faciliten u oculten dolosamente delitos.
Jahiren Noriega, de la RC, sostuvo que el proyecto se centraba en endurecer penas "sin una justificación técnica" y que desde 2018 se habían hecho al menos siete reformas al código penal sin que ello haya incidido en la reducción de los delitos en el país, que en 2025 registró un récord de 9.284 asesinatos.
La elaboración de esta ley tuvo el respaldo del Gobierno italiano, por lo que Mancheno entregó reconocimientos a una delegación de ese país integrada, entre otras personas, por Chiara Colosimo, diputada y presidenta de la Comisión Parlamentaria Antimafia de Italia.
