APUNTE.COM.DO.- La intervención de Ueno Bank en Paraguay engrosa la lista de entidades financieras que han colapsado en América Latina por insolvencia patrimonial, en muchos casos derivada de la concesión irregular de créditos a empresas ligadas a los propietarios y de sus conexiones con el poder político.
El caso de Ueno Bank, que provocó la destitución y detención del presidente Santiago Peña, responde a un patrón habitual en las crisis bancarias de la región: un crecimiento acelerado, la permisividad de los organismos supervisores y un costo final que terminan asumiendo las arcas públicas.
A continuación, algunos de los casos más relevantes de bancos intervenidos en América Latina en las últimas décadas:
Banco Latino (Venezuela, 1994)
El Estado venezolano intervino esta entidad en 1994. Se trataba del segundo banco del país por volumen de depósitos, pero atravesó una crisis de liquidez y una retirada masiva de fondos por parte de los ahorradores.
El caso combinó una expansión desmedida con una alta concentración de créditos entre empresas del mismo grupo y rescates públicos sin transparencia. Además, la situación afectó a fondos de pensiones y a otras entidades que también fueron intervenidas por el riesgo de contagio financiero.
Banco Anglo Costarricense (Costa Rica, 1994)
El Banco Central de Costa Rica anunció en 1994 la intervención del Banco Anglo Costarricense, uno de los cuatro bancos estatales principales del país, debido a irregularidades en sociedades constituidas en el extranjero.
Las pérdidas por inversiones fallidas equivalían al 1,3 % del PIB nacional y dejaron a la entidad sin patrimonio para seguir operando.
Filanbanco (Ecuador, 1998)
Filanbanco, propiedad de los hermanos Roberto y William Isaías, fue intervenido por las autoridades ecuatorianas en 1998.
Se detectaron créditos otorgados a empresas de los propios accionistas y préstamos estatales por más de 400 millones de dólares. La entidad cerró sus operaciones en 2001.
Banco Nuevo Mundo (Perú, 2000)
Las autoridades peruanas intervinieron esta entidad en 2000. Presentaba un deterioro patrimonial considerable y el Fondo de Seguro de Depósito desembolsó recursos para cubrir a más de 23.000 ahorradores. En este caso no se detectaron vínculos políticos.
Aunque se intentó integrarlo en otra entidad, finalmente fue declarado en liquidación en 2001.
Baninter (República Dominicana, 2003)
Baninter fue intervenido por las autoridades dominicanas en 2003.
Sus propietarios mantenían operaciones financieras ocultas mediante una contabilidad irregular que escondía pérdidas y se concedían créditos vinculados a sus propias empresas.
Representa el ejemplo clásico latinoamericano de quiebra tras la vinculación con políticos y la influencia sobre los organismos de control. El Banco Central tuvo que intervenir para evitar el contagio al sistema bancario.
El costo del rescate de Baninter llegó aproximadamente al 15 % del PIB dominicano.
Banco Fassil (Bolivia, 2023)
Fue intervenido en 2023 por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia. El motivo principal fue el incumplimiento de liquidez frente a los clientes que buscaban retirar su dinero.
Se detectó un desvío masivo de fondos y créditos sin garantías vinculados a accionistas del conglomerado. Cerca de 1,3 millones de ahorradores fueron transferidos a otras entidades.
Banco Master (Brasil, 2025)
El Banco Central brasileño liquidó la entidad en 2025 por un presunto fraude financiero a gran escala. La entidad creció captando depósitos mediante productos de elevada rentabilidad.
Su propietario, Daniel Vorcaro, estableció relaciones con el entorno institucional brasileño y el escándalo salpicó a personalidades políticas y judiciales.
Ueno Bank (Paraguay, 2026)
El Banco Central de Paraguay intervino en 2026 Ueno Bank para proteger los depósitos de los ahorradores. La entidad protagonizó un escándalo financiero tras su vertiginosa expansión digital y la captación masiva de fondos públicos del Instituto de Previsión Social (IPS).
La crisis estalló por la insolvencia patrimonial derivada de créditos irregulares concedidos a empresas vinculadas a sus directivos. El caso desató fuertes cuestionamientos por los estrechos nexos entre los accionistas del banco y el presidente Santiago Peña, que resultó detenido.
La excepción del ‘corralito’ (2001-2002)
El ‘corralito’ argentino, decretado a finales de 2001, consistió en una serie de restricciones a la movilización de fondos para frenar la salida masiva de depósitos y evitar el colapso bancario.
No fue el resultado de la quiebra de un banco concreto por posibles irregularidades, sino la respuesta a una crisis sistémica.