APUNTE.COM.DO.- El incremento del Fondo de Estabilización de la Facturación Eléctrica (FETE) se perfila como uno de los factores de mayor peso en la evolución de las inversiones en el segmento de distribución, es decir, en las Empresas Distribuidoras de Electricidad (Edes).

Según el informe de desempeño del Ministerio de Energía y Minas, las inversiones en las distribuidoras fueron de US$296.5 millones en 2019 y de US$192.4 millones en 2025. Esa diferencia está marcada por la compra de combustibles a precios elevados, pero sobre todo por las asignaciones al FETE, que más que se duplicaron.

En el año en curso los combustibles están más caros y la razón por la que esa cifra todavía no aparece se debe a que se encuentra en proceso de auditoría. Hasta julio, el Estado había destinado más de RD$36,000 millones para contener un alza importante en las facturaciones residenciales y comerciales, y de acuerdo con las autoridades el monto podría llegar a unos RD$50,000 millones al cierre del año.

La institución también ha explicado el impacto de las altas temperaturas en el precio final de las facturas que reciben los usuarios.

En lo que respecta al FETE, el indicador de energía medido en GWH (gigavatios hora) fue de US$15,150.2 millones en 2019 y de US$20,721.2 millones en 2025. La compra de GWH fue de US$12.89 en 2019 y de US$195 en 2025.

Los datos también resultan ligeramente superiores en facturación, venta y cobro de energía, pero el FETE pasó de US$472.7 millones en 2019 a US$827.5 millones, comportamiento en el que incidieron el alto precio de los derivados de los combustibles y la decisión del Gobierno de mantener congelada la tarifa eléctrica. En 2026 el petróleo y sus derivados registran incrementos importantes, aunque se espera una moderación este año y una reducción en 2027.

El FETE se define como la compensación que otorga el Gobierno para cubrir la diferencia entre el déficit financiero que se genera en los precios de compra de energía, tomando en cuenta la tasa de cambio y el precio de los combustibles, y el precio que pagan los consumidores.

Mediante el FETE, los usuarios residenciales y comerciales pueden pagar una factura más barata que el precio real sin compensación, lo que implica que se trata de una ayuda generalizada que favorece no solo a quienes pagan.

Algunos sectores consideran que el problema más grave es la falta de suministro, porque afecta a una economía que opera en general con alta informalidad, pero también al segmento mipyme (colmados, peluquerías, zapaterías, costureras, artesanos, reposteros, panaderos, entre otros).

Analistas del sector privado e incluso políticos critican que el Gobierno no haya dado continuidad real al Pacto Eléctrico y atribuyen buena parte de estos males a las pérdidas de las distribuidoras y a la mala calidad del servicio en muchos lugares donde incluso se había llegado a suministrar 24 horas de luz.

Recientemente, en un coloquio sobre el sector eléctrico auspiciado por el Centro Padre José Luis Alemán, de la PUCMM, dos expertos en energía señalaron que los problemas persisten pese a que la capacidad instalada se ha incrementado y la matriz es más diversificada. Las autoridades del Gobierno, por su parte, sostienen que el análisis debe verse de forma integral, porque en 2019 el país entró en la pandemia y su impacto se mantuvo por años, incluyendo los incrementos en los precios de los hidrocarburos, lo que generó una alta inflación externalizada, a lo que se sumaron la guerra en Ucrania y posteriormente la de Irán.

El especialista en energía Alberto Veloz aseguró en ese coloquio que los retrasos en las inversiones para ampliar la capacidad energética del país son la causa principal de los cuellos de botella que han enfrentado las autoridades en las redes de transmisión y distribución, a pesar de que la capacidad instalada ha aumentado.

Veloz sostiene que ante esa situación las autoridades han optado por restringir la inyección de renovables al SENI (curtailment), con el argumento de mantener estable el sistema debido a la naturaleza variable de esas fuentes.

El ex superintendente de Electricidad Juan Gómez señaló, por su parte, que el sector eléctrico dominicano mantiene ineficiencias de carácter estructural, por lo que la pregunta que debe hacerse no es sobre el costo de la electricidad, sino sobre lo que le cuesta al país seguir sin dar solución a ese problema.

Gómez propone buscar mayor eficiencia y sostenibilidad en el sector eléctrico. Indica que las pérdidas y las ineficiencias son estructurales y una muestra es que aumentaron de 33% a 39.9% entre 2020 y 2026, lo que ha deteriorado los ingresos de las empresas del sector, principalmente en Edeeste.

Asegura que la cantidad de energía no facturada y las pérdidas físicas representan un problema financiero acumulado que supera los US$5.1 mil millones en 2026, y que el déficit financiero de las EDE alcanzará ese año aproximadamente US$2,000 millones, con pérdidas acumuladas de más de US$10.3 mil millones desde 2020.

Hasta la fecha, dijo, los subsidios en el sector eléctrico alcanzan RD$118,000 millones en 2026, muy por encima de los RD$85,000 millones inicialmente presupuestados.

Citó la Ley 1-12 y el Pacto Eléctrico como los mecanismos orientados a impulsar la eficiencia, la sostenibilidad y la reducción de pérdidas, con énfasis en la modernización y la diversificación energética, por lo que considera urgente asumir una gestión integral que combine inversión física, mejora en la gestión comercial y una gobernanza eficiente.

Gómez señala que el balance financiero del sector podría superar los US$2,000 millones en 2026 si no se mejoran las gestiones, y que la pérdida financiera de las EDE es de RD$97,535 millones anuales.

Gómez cree necesario modernizar las redes, mejorar la gestión y reducir las pérdidas, ya que la inversión en eficiencia energética es clave para reducir costos de oportunidad y mejorar la productividad general. Sus planteamientos fueron expuestos en el quinto coloquio del Centro de Investigaciones Padre José Luis Alemán, de la PUCMM, con la ponencia "Déficit del sector eléctrico dominicano: importancia fiscal, ineficiencias estructurales y costos de oportunidad para la economía".