APUNTE.COM.DO.- Las autoridades de República Dominicana han intensificado el cierre de establecimientos comerciales de capital chino que no cumplen con las normas nacionales, en una ofensiva que ha puesto al descubierto irregularidades fiscales, laborales, sanitarias y de seguridad estructural, así como operaciones industriales sin los permisos requeridos.
Pro Consumidor ordenó la clausura temporal de seis establecimientos en el Gran Santo Domingo y mantiene otros dos bajo investigación para determinar si procede su cierre, luego de detectar infracciones vinculadas a la venta de productos sin registro sanitario y a la exhibición de artículos para adultos en lugares visibles para menores de edad.
Entre los locales intervenidos se encuentran Home Plus, AMG Mall, Plaza Neza, Tienda Rojo Star, Tienda Nuevo Mundo, Import y Export, Sol, Playa y Arena. La entidad, que dirige Eddy Alcántara, basó sus decisiones en las resoluciones 1934-26 y 1935-26.
Estas medidas se suman a otras intervenciones previas que reflejan la magnitud de los incumplimientos detectados en algunos negocios de capital chino.
El caso más reciente se registró en San Antonio de Guerra, donde las autoridades clausuraron la fábrica de cartón Cartesa, operada por ciudadanos asiáticos, que no contaba con permisos de construcción, uso de suelo ni funcionamiento. El complejo estaba compuesto por tres naves industriales y un edificio de cuatro niveles destinado a oficinas y viviendas.
Durante la inspección, el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom) encontró un depósito clandestino de hidrocarburos. Las autoridades ocuparon un tanque con capacidad para 5,000 litros y retuvieron 1,000 galones de gasoil, con un valor conjunto estimado en 2.25 millones de pesos.
Asimismo, se identificaron irregularidades en la contratación de trabajadores extranjeros, lo que llevó a la intervención de la Dirección General de Migración.
Las fiscalizaciones tributarias han arrojado resultados de gran magnitud. En septiembre, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que había determinado ajustes fiscales superiores a 1,500 millones de pesos en comercios chinos, correspondientes a obligaciones tributarias de períodos anteriores.
Su director, Pedro Urrutia, precisó que esas determinaciones no equivalen necesariamente a dinero recaudado, ya que los contribuyentes conservan el derecho de impugnarlas.
La Dirección General de Aduanas, por su parte, estableció diferencias impositivas por 66.4 millones de pesos entre enero y agosto de 2026, mediante catorce fiscalizaciones concluidas, mientras que otras 51 seguían abiertas.
El problema se remonta a años anteriores. Entre 2020 y 2025, Aduanas realizó 139 auditorías al sector importador asiático que determinaron diferencias tributarias acumuladas de 4,509 millones de pesos. Solo en 2025, las 49 auditorías efectuadas hasta el 23 de diciembre arrojaron diferencias por 1,592 millones de pesos.
Estas actuaciones permiten reclamar impuestos omitidos en operaciones anteriores, aunque los montos determinados no se traducen automáticamente en cobros efectivos.
Las inspecciones también abarcan las condiciones de seguridad de las edificaciones. En 2025, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones ordenó clausuras por incumplimientos de normas constructivas, algunas de las cuales se prolongaron durante meses.
En el ámbito laboral, el Ministerio de Trabajo informó en octubre que había inspeccionado 101 establecimientos comerciales chinos y levantado 1,016 actas, incluidas 42 infracciones remitidas a los tribunales.
Las irregularidades incluyeron incumplimientos del descanso semanal, pago de horas extraordinarias, bonificaciones y contratación de trabajadores extranjeros.
Las actuaciones oficiales responden también a las reclamaciones de comerciantes dominicanos que exigen igualdad de condiciones tributarias y regulatorias. El Gobierno sostiene que la inversión extranjera es bienvenida, pero debe cumplir las mismas leyes que rigen para las empresas nacionales.
