APUNTE.COM.DO.- El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE) Roberto Rosario Márquez describió como una "amnistía disfrazada" el anteproyecto de ley que presentó la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Maribel Almánzar de Ogando, al entender que la iniciativa pretende allanar el camino para conceder la nacionalidad dominicana a extranjeros que habrían cometido irregularidades al obtener documentos del Registro Civil y del sistema de identidad.

Rosario afirmó que la propuesta depositada en la Cámara de Diputados, bajo el pretexto de atender a un grupo de personas que supuestamente no cuenta con identidad, busca permitir la nacionalización de extranjeros a través de un mecanismo de regularización basado en razones humanitarias.

El exfuncionario sostuvo que algunos de los posibles beneficiarios habrían incurrido en actos ilícitos contra el Registro Civil y el sistema de identificación nacional con el fin de acreditarse una nacionalidad que no les corresponde, ya que mantienen su nacionalidad de origen.

A su juicio, la iniciativa choca con la Constitución de la República, con la Ley 169-14 y con la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. Igualmente alertó que su aprobación podría aumentar la llegada de ciudadanos extranjeros al país, con eventuales efectos sobre la seguridad y la estabilidad nacional.

Entre sus argumentos, recordó que en 2014 se aprobó la Ley 169-14, que fijó las condiciones y los procedimientos para regularizar a extranjeros que no hubieran cometido falsedad documental y que por razones de Estado podían acogerse a los beneficios de esa legislación.

Rosario también cuestionó la oportunidad en que se introdujo la iniciativa, justo antes del inicio del próximo ciclo electoral que culminará en febrero y mayo de 2028 con los comicios municipales, legislativos y presidenciales.

El expresidente de la JCE atribuyó a la propuesta de la diputada oficialista un posible interés electoral y no humanitario, al considerar que podría afectar la legitimidad y la integridad de los próximos procesos electorales.

En sus declaraciones explicó que la identidad personal es la manifestación individualizada de la filiación y que mediante ella las personas ejercen derechos civiles, políticos y económicos. Por esa razón sostuvo que cualquier legislación que desconozca esa relación podría ser anulada por el Tribunal Constitucional.

Rosario insistió en que el anteproyecto representa un nuevo intento de establecer una amnistía general y criticó que se pretenda otorgar la nacionalidad dominicana sin respetar las disposiciones constitucionales y legales que regulan su adquisición.

Comparó la propuesta con el establecimiento de un "mercado persa", en el que la nacionalidad dominicana sería tratada como un producto cualquiera, sin considerar su valor jurídico ni los requisitos que fijan las leyes.

Frente a quienes alegan haber sido afectados en sus derechos de identidad y documentación, recomendó acudir a los tribunales de la República para que las autoridades competentes examinen cada caso de manera individual y determinen las medidas correspondientes.

En cambio, reclamó al Gobierno y a las instituciones competentes la aplicación de la Ley General de Migración 285-04, respetando el debido proceso y los derechos fundamentales de las personas, conforme a lo establecido en la Constitución.

"Todo parece indicar que el referido proyecto se hizo pensando en favorecer una población internacional y una población nacional que como dice la propia legisladora, aprovecharon debilidades para cometer actos irregulares, que no pueden ser solucionadas en detrimento del derecho de personas que han convivido en concordancia con las leyes y en transgresión de nuestra Norma Sustantiva y las leyes adjetivas existentes en materia registral", concluyó Roberto Rosario Márquez.