APUNTE.COM.DO.- El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) pidió al Congreso Nacional que continúe el trámite legislativo del proyecto de ley que extiende la entrada en vigencia del artículo 31 del Código Penal, referente a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
El gremio empresarial valoró la declaratoria de urgencia y la aprobación que dieron los senadores a esa iniciativa, que modifica dicho artículo y amplía el plazo para que entren a regir las disposiciones sobre responsabilidad penal de las empresas contempladas en el Código Penal.
La entidad consideró que la iniciativa representa un avance relevante para lograr una implementación ordenada y efectiva del nuevo régimen de responsabilidad penal corporativa, al reconocer la necesidad de dar a las empresas y organizaciones un plazo razonable para ajustar sus estructuras, políticas y procedimientos internos a las nuevas exigencias legales.
No obstante, el CONEP advirtió que, dada la cercanía del 5 de noviembre de 2026, fecha prevista para la entrada en vigencia de estas disposiciones, es de especial importancia que el proyecto siga su curso legislativo con la celeridad que amerita, mediante su oportuna remisión a la Cámara de Diputados.
Esto, con el fin de que pueda completarse el proceso de aprobación y posterior promulgación antes de dicha fecha.
El gremio empresarial subrayó que la ampliación del plazo resulta fundamental para que las empresas y organizaciones puedan implementar adecuadamente programas de cumplimiento, políticas de prevención, mecanismos de control interno, canales de denuncia y procedimientos de evaluación, entre otras medidas necesarias para responder a las nuevas obligaciones legales.
Además, señaló que la aprobación de la iniciativa, impulsada por el senador Rafael Barón Duluc Rijo, permitirá avanzar en la capacitación de los operadores del sistema de justicia y en la definición de criterios institucionales que contribuyan a una aplicación uniforme y previsible de estas disposiciones.
En ese sentido, consideró que la entrada en vigencia del nuevo régimen debe producirse en condiciones que favorezcan su adecuada implementación, con criterios claros de imputación y estándares objetivos para la valoración de los programas de cumplimiento. Esto, tomando en consideración la naturaleza, tamaño, actividad, estructura y nivel de riesgo de cada entidad, y que todo ello resulta esencial para fortalecer la seguridad jurídica y garantizar una aplicación efectiva y proporcional de la normativa.
Por las razones expuestas, el CONEP solicitó al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, que impulse la continuidad del trámite legislativo de la referida iniciativa y su pronta remisión a la Cámara de Diputados, dada la importancia de que el proyecto pueda ser aprobado y promulgado antes del 5 de noviembre de 2026. Asimismo, pidió a Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, “impulsar la continuidad del trámite legislativo de la iniciativa tan pronto sea recibida en la Cámara de Diputados, dada la importancia de que el proyecto pueda ser aprobado y promulgado antes del 5 de noviembre de 2026”.
El CONEP reiteró su compromiso con el fortalecimiento del marco institucional y la promoción de una cultura empresarial de integridad y cumplimiento, así como su disposición para colaborar técnicamente en los procesos de revisión e implementación de las referidas disposiciones.
