APUNTE.COM.DO.- De cada RD$100 que el Estado dominicano prevé captar en 2027 mediante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), RD$84.3 estarían ya destinados al pago de intereses de la deuda y a las asignaciones para educación y salud. Esa rigidez reduce el margen disponible para otras demandas, como las soluciones habitacionales.
La explicación la ofreció Rafael Jovine, director de Estudios Económicos y Seguimiento Financiero de la Dirección General de Presupuesto (Digepres), en el Seminario Vivienda y Hábitat realizado el 30 de octubre en el hotel Catalonia. Allí presentó un balance de la evolución del gasto público en vivienda y servicios comunitarios entre 2014 y 2025.
Jovine señaló que el gasto devengado en esa función se multiplicó por 4.7 en ese periodo, al crecer desde RD$9,678 millones hasta cerca de RD$45,349 millones. Precisó, no obstante, que esa partida no abarca solo los programas de vivienda o de vivienda social, sino también inversiones en agua potable, urbanización y desarrollo comunitario.
Durante el panel “¿Dónde estamos cinco años después? Balance de la situación habitacional y los principales desafíos de las políticas públicas”, el funcionario indicó que entre 2021 y 2025 esos renglones representaron en promedio el 6.7 % del gasto social, por encima del 4.9 % observado en el período previo.
Jovine advirtió que las limitaciones fiscales y el peso creciente del servicio de la deuda reducen el espacio presupuestario para ampliar la intervención estatal en materia de vivienda. Detalló que, de cada RD$100 de recaudación proyectada por la DGII para 2027, RD$31.5 se irían a intereses de la deuda, RD$35 a educación y RD$17.8 a salud; los RD$15.7 restantes quedarían para el resto de las instituciones, inversiones y gastos, incluida la vivienda.
El economista sostuvo además que “los ingresos internos están muy condicionados por la actual situación de conflictos geopolíticos internacionales”. “Eso le pasa a República Dominicana y le pasa a toda América Latina, pero sobre todo a un país que es importador neto de hidrocarburos, eso le pasa factura; y eso nos está condicionando a las finanzas públicas hoy día y ese condicionamiento ejerce una presión en el déficit y a su vez eso significa que el financiamiento cada año y los intereses de la deuda absorben una mayor proporción del gasto público”, manifestó.
El planteamiento se presentó en el marco del “Seminario Vivienda y Hábitat”, organizado por Ciudad Alternativa y la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) dentro del proyecto “Promoviendo una política urbana participativa en la provincia de Santo Domingo, con enfoque de género y desde una perspectiva de producción social del hábitat, fase III”, ejecutado con recursos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM).
El encuentro reunió a autoridades gubernamentales, académicos y especialistas para analizar la evolución de las políticas habitacionales en el país en los últimos cinco años, así como los avances y retos pendientes para acceder a una vivienda y un hábitat dignos.
Participaron representantes de distintos sectores, entre ellos Domingo Matías, viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, y Joan Guerrero y Rafael Alejandro Morel, del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed).
Desde la academia y las organizaciones sociales intervinieron Jenny Torres, investigadora especializada en pobreza, género y políticas públicas; Ana Moyano, doctora en Arquitectura e integrante del Centro Arcoíris; Patricia Gómez, trabajadora social del Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (Copadeba); y Pedro Hernández, sociólogo y director de Planificación de la Liga Municipal Dominicana.
Uno de los temas centrales fue la implementación del Plan Decenal de Viviendas 2022-2032. En las discusiones se subrayó la necesidad de respaldar esa hoja de ruta con recursos presupuestarios suficientes, coordinación entre instituciones y mecanismos de seguimiento que permitan medir sus resultados.
El debate también resaltó la importancia de superar una visión de la política habitacional centrada únicamente en construir viviendas e incorporar la planificación territorial, el acceso a servicios, la seguridad jurídica y la participación real de las comunidades en las decisiones que afectan sus territorios.
En ese sentido, se destacó que garantizar el derecho a una vivienda adecuada exige construir soluciones de forma conjunta entre el Estado, los gobiernos locales, la academia, las organizaciones sociales y las comunidades, reconociendo a estas últimas como protagonistas en la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas.
