APUNTE.COM.DO.- El presidente Luis Abinader dispuso mediante el decreto 558-26 que el mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García pase a dirigir la Policía Nacional, en sustitución de Andrés Modesto Cruz Cruz.
Transcurridos dos meses de esa gestión, los llamados “intercambios de disparos” entre uniformados y presuntos delincuentes han marcado el accionar de la institución bajo el mando de Rodríguez García.
Las autoridades contabilizaron al menos 55 fallecimientos por esa causa durante septiembre, mientras que en octubre la cifra se sitúa en 37 y podría escalar hasta 40 o más.
Los episodios se han producido en distintas zonas del territorio nacional, abarcando desde el Distrito Nacional hasta la provincia sureña de Bahoruco.
A partir de reportes periodísticos, policiales y de páginas web, Listín Diario pudo identificar 37 de los 55 casos registrados en septiembre y 26 de los 37 ocurridos en octubre.
Con esos datos, las provincias con mayor cantidad de casos encabezan la lista, entre ellas el Distrito Nacional. Uno de los principales señalados como autor de la muerte del artista urbano Diddy Glow figura entre los involucrados.
El 21 de octubre se sumó el fallecimiento de los hermanos gemelos Randy Omar Borges Jiménez y Omar Randy Borges Jiménez, ultimados por agentes dentro de su vivienda en el sector Mendoza, en Santo Domingo Este, cuando tenían 16 años.
Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, consideró que las autoridades deberían disponer de estadísticas y de un listado oficial de los casos.
“Para establecer cuántas personas han sido colocadas en el llamado código 29 desde la llegada del nuevo director de la Policía Nacional, es necesario contar con estadísticas oficiales y verificables. No podemos permitir que estas muertes se conviertan en simples cifras; detrás de cada caso hay una vida, una familia y una sociedad que merece conocer la verdad”, expresó al ser consultado por este medio.
Otro aspecto que señaló Mercedes es que la edad promedio de los fallecidos “es preocupante”, porque los abatidos por policías tenían entre 18 y 25 años.
“Debemos fortalecer la prevención del delito, las oportunidades de reinserción social y los mecanismos de supervisión de las actuaciones policiales, garantizando siempre el derecho a la vida y el debido proceso”, precisó el defensor de los derechos humanos.
