APUNTE.COM.DO.- La escena se repite con frecuencia: un operario subido a una grúa acciona una motosierra y la dirige contra el tronco o la rama de un árbol que hasta entonces daba sombra a quienes transitaban bajo un sol intenso que castiga casi a diario las calles del Distrito Nacional. El trabajador cumple la orden de cortar sin ofrecer explicaciones y sin atender a otros detalles.
Aunque la capital dominicana suele ser el punto donde más se talan árboles, en otras localidades también se han registrado casos graves, como el de Baní, provincia Peravia, donde robles de gran antigüedad fueron derribados sin distinción.
Situaciones como la de Baní vuelven a poner sobre la mesa el debate en torno al decreto que el Gobierno firmó contra el llamado “terrorismo medioambiental”. El 2 de septiembre, el presidente Luis Abinader emitió el Decreto 615-26, con el que otorgó prioridad estratégica a la lucha contra ese fenómeno y sostuvo que había decidido “actuar de manera drástica” frente a quienes provocan daños en parques nacionales.
No obstante, el propio decreto no crea una figura delictiva nueva: se limita a definir el “terrorismo medioambiental” como aquellos actos que, por su gravedad y su finalidad, pueden encuadrarse en la Ley 267-08 sobre Terrorismo, y dispone remitir las agresiones al Ministerio Público, además de que las penas mencionadas por el presidente ya estaban contempladas previamente.
La estrategia oficial contra quienes dañan el medio ambiente concentra sus esfuerzos en los parques nacionales, lo que deja abierta la pregunta sobre quién protege los árboles y los espacios verdes de las ciudades.
Diversos análisis han advertido sobre la escasez de áreas verdes en la capital dominicana. Un estudio publicado en la revista “Frontiers in Sustainable Cities” calculó la cobertura arbórea del Distrito Nacional en 15.4 por ciento, equivalente a unos 14 kilómetros cuadrados, con más del 60 % del territorio dominado por asfalto y edificaciones.
Esa distribución, sin embargo, es desigual. Investigadores del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) señalaron que la Circunscripción 3 del Distrito Nacional concentra la menor cantidad y calidad de árboles y registra las temperaturas más altas, en tanto que la Circunscripción 2 cuenta con la mejor cobertura.
La investigadora Solhanlle Bonilla Duarte explicó, según registros periodísticos, que esas conclusiones provienen de un estudio realizado entre 2017 y 2019 en 206 parcelas con la herramienta i-Tree del Servicio Forestal de Estados Unidos. El déficit se atribuye al crecimiento vertical: donde antes vivía una familia con patio hoy residen decenas de personas y “muchos de esos árboles desaparecieron”. La misma investigación determinó que más del 70 % de las especies arbóreas del Distrito son introducidas y no nativas. Bonilla recordó que la legislación de ordenamiento territorial establece un mínimo de nueve metros cuadrados de área verde por habitante.
La Alcaldía del Distrito Nacional informó que desde abril de 2020 ha incorporado más de 110 mil árboles, arbustos y plantas ornamentales en más de 216 parques y plazas, aceras y avenidas, con especies como mara, gri gri, caoba criolla, almácigo, guayacán, roblillo y penda.
Sin embargo, esa cifra combina árboles con plantas de jardín y especies de menor tamaño. Un video difundido en redes sociales por el político de Opción Democrática Felipe Gavilán muestra que en su informe de gestión del período 2024-2025 la Alcaldía del Distrito Nacional afirma haber plantado 14,516 árboles, pero cerca de 10 mil de ellos eran arbustos o especies pequeñas como la guáyiga o los agaves.
En la actualidad, el sitio web del cabildo se encuentra en “mantenimiento”, lo que impide consultar informes de gestión y otros documentos.
La categorización empleada en las cifras del ayuntamiento del Distrito Nacional choca de forma directa con lo que establece la “Normativa para el arbolado urbano de Santo Domingo”. Ese documento, elaborado hace casi dos décadas por el cabildo y el Jardín Botánico Nacional, exige una “clasificación estricta” de la flora urbana y divide las especies en seis categorías: árboles, palmas, arbustos, cactáceas, herbáceas y lianas o trepadoras.
Si bien la normativa plantea fomentar especies con “valores culturales”, como la guáyiga, esa planta no está clasificada como “árbol”. Sumar arbustos y plantas al conteo general de “árboles plantados” puede interpretarse como una distorsión del impacto real de la arborización que ejecuta la Alcaldía del Distrito Nacional, dado que el propio reglamento distingue el manejo y el porte de los árboles frente a otras “plantas menores”.
En términos ambientales, el impacto de un arbusto no reemplaza al de un árbol urbano. La misma normativa advierte que “solamente sembrando árboles con una estructura equilibrada es posible prevenir problemas futuros y asegurar su longevidad”. Además, el documento exige que los árboles destinados a la siembra reúnan características físicas específicas, como “un fuste derecho libre de heridas, un tronco único, una copa equilibrada y un sistema radicular bien desarrollado”, requisitos estructurales que las plantas de menor tamaño no cumplen.
La otra cara de la siembra es la tala. Lo ocurrido en Baní con los robles, que fueron cortados sin miramientos, se suma a los casos que alimentan la discusión sobre la protección del arbolado urbano.
