APUNTE.COM.DO.- La tala de robles y frondosos árboles de mango en zonas céntricas de Baní, ejecutada en el marco de un proyecto de remozamiento valorado en 57 millones de pesos, ha provocado rechazo entre ambientalistas, juristas y comunicadores locales, quienes describen la acción como "un auténtico ecocidio urbano".
Los árboles, algunos de ellos centenarios, se encontraban frente a la Gobernación Peravia, el edificio de Oficinas Gubernamentales y el Hospital Nuestra Señora de Regla, donde durante décadas ofrecieron sombra y refugio a miles de munícipes.
Tras la tala, la indignación se extendió rápidamente por la televisión local, plataformas digitales y redes sociales. Mientras sectores organizados y ciudadanos observan con asombro los troncos cortados en las aceras, las explicaciones oficiales se debaten entre contradicciones y la indiferencia.
Desde sectores vinculados al poder local se ha intentado justificar la eliminación de los árboles alegando un supuesto deterioro del concreto y el envejecimiento de las especies. Sin embargo, las fotografías, los videos recopilados por diversos medios y la propia resistencia del roble, capaz de mantenerse sano durante siglos, contradicen que los árboles representaran una amenaza para la infraestructura o que padecieran enfermedades mortales.
De acuerdo con datos científicos, un roble puede vivir entre 300 y 600 años en promedio, aunque muchas especies superan con facilidad los 1,000 años y existen ejemplares históricos que rebasan los 2,000 años de antigüedad. Su alta resistencia se debe a la densidad de su madera y a su elevado contenido de taninos, que lo protegen de hongos e insectos. El clima, el espacio disponible y la ausencia de enfermedades determinan si alcanza el extremo superior de su vida.
El aspecto más alarmante del caso, según los ecologistas banilejos, no es solo la ejecución de la tala, sino el silencio institucional que la rodeó. Sostienen que la eliminación de árboles de ese porte no se realiza en minutos ni de forma clandestina; sin embargo, durante el corte no existió notificación ni solicitud de permisos ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ni ante la Alcaldía del municipio.
Pese a tratarse de una intervención de alto impacto en el corazón de la ciudad, ni la Alcaldía ni la Dirección Provincial de Medio Ambiente intervinieron para detener la acción. Para activistas y comunitarios, la falta de fiscalización previa configura una aparente "componenda de silencio" entre las entidades llamadas a velar por el patrimonio público.
La respuesta oficial previa, lejos de admitir el desacierto, profundizó la indignación cuando la vocera de la Gobernación catalogó la amputación del arbolado como un "mal necesario".
Un experto en diseño y planificación urbana que prefirió no identificarse señaló que el argumento de que la vegetación obstaculiza la estética arquitectónica resulta insostenible, y afirmó que la arquitectura contemporánea "no compite con la naturaleza, sino que la integra, la dignifica y la rodea de armonía".
Peravia es una provincia de clima semiárido, donde las temperaturas alcanzan niveles extremos durante gran parte del año, por lo que la sombra de los robles constituía "una necesidad vital" para los ciudadanos. Esos árboles amortiguaban el calor abrasador, mejoraban la calidad del aire y cobijaban a diario a ancianos, estudiantes y trabajadores que esperaban transporte en el espacio donde se realizó la tala.
La Gobernación catalogó la amputación del arbolado como un "mal necesario". LISTÍN DIARIO/
"Una fachada puede remozarse e inaugurarse en cuestión de meses con un presupuesto millonario, pero un roble centenario tarda más de medio siglo en alcanzar su madurez y devolverle la frescura al entorno", advirtió el abogado y ambientalista Ramón Pol.
Ante la magnitud del daño ambiental y simbólico, diversos sectores de la sociedad civil y medios de comunicación, encabezados por figuras locales como Daniel Lajara, exigen la convocatoria urgente a una rueda de prensa por parte de la Gobernación Provincial, la Alcaldía y la Dirección Provincial de Medio Ambiente.
La comunidad reclama respuestas claras y documentadas a varias interrogantes: ¿dónde está la autorización técnica y el estudio de impacto ambiental emitido por el Ministerio de Medio Ambiente para ejecutar la tala?, ¿quién fue el funcionario o técnico responsable de autorizar la eliminación total de los árboles en lugar de integrar el arbolado existente al diseño del remozamiento de RD$57 millones?, y ¿cuál es el plan de remediación inmediata y las sanciones correspondientes por ejecutar una obra pública al margen de los procedimientos legales ambientales?
