APUNTE.COM.DO.- El más reciente encuentro del ciclo RD Debate 2026, organizado por El Nuevo Diario y el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (Codessd), reunió a representantes de los sectores minero, académico y ambiental para discutir sobre la protección de los recursos naturales, los beneficios económicos de la actividad extractiva, la seguridad jurídica, el cumplimiento de las leyes y los derechos de las comunidades.
En el panel participaron el director general de Minería, Rolando Muñoz; el ingeniero geólogo Osiris de León; la comunicadora y ambientalista Denisse Larrauri; la abogada y expresidenta de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), Elizabeth Mena; el director del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (ODPP-UASD), Fernando A. Peña Segura; y el director de la Comisión Ambiental de la UASD, Luis Carvajal Núñez.
Rolando Muñoz defendió una visión integral de la minería sostenible, señalando que esta actividad debe evaluarse tanto por sus posibles impactos ambientales como por sus aportes al desarrollo económico, la infraestructura y las oportunidades de las comunidades. Sostuvo que la sostenibilidad debe aplicarse a todas las actividades productivas y destacó la importancia de analizar los proyectos mineros mediante investigaciones científicas, evaluaciones técnicas y el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales.
Elizabeth Mena resaltó los aportes de la minería a la generación de empleos, los ingresos fiscales, la capacitación, la transferencia de tecnología y el desarrollo de infraestructuras. Consideró que República Dominicana debe avanzar hacia una estrategia de sostenibilidad que incorpore la institucionalidad, la gobernanza y la transparencia, además de promover una mayor diversificación de la economía nacional.
Luis Carvajal Núñez reconoció que el país necesita la minería, pero cuestionó que sus beneficios económicos y sociales justifiquen los impactos que puede ocasionar sobre el territorio y las comunidades. «Necesitamos minería, claro que la necesitamos. El problema es qué hay que hacer, dónde se puede y cómo se debe», expresó.
La comunicadora y defensora del medioambiente Denisse Larrauri expresó su rechazo a la expansión de la megaminería en República Dominicana, al considerar que representa riesgos para las fuentes de agua, las cuencas hidrográficas y los suelos productivos. Cuestionó que el país mantenga compromisos de préstamos por alrededor de mil millones de dólares para proyectos de agua potable y saneamiento, mientras, según denunció, existen concesiones mineras que comprometen los recursos hídricos.
Larrauri planteó que República Dominicana debe priorizar actividades como el turismo, la agricultura y la protección de sus ecosistemas, tomando como referencia el modelo de desarrollo de Costa Rica. «El agua, la tierra fértil, los ecosistemas son el verdadero fondo de riqueza de nuestro país», afirmó.
Rolando Muñoz sostuvo que la protección del agua debe constituir una prioridad y que ningún proyecto que pueda poner en riesgo este recurso debe avanzar sin las investigaciones científicas y evaluaciones correspondientes.
Elizabeth Mena consideró que el debate sobre la contaminación del agua no debe concentrarse exclusivamente en la minería, sino incluir también los efectos de otras actividades productivas y la situación ambiental de los ríos Ozama e Isabela.
Luis Carvajal planteó que el país debe establecer zonas donde no se permita la explotación minera, tomando en cuenta las características del territorio, la vulnerabilidad de los ecosistemas y la importancia de sus recursos naturales.
El ingeniero geólogo Osiris de León propuso destinar el 10 % de los ingresos fiscales generados por la minería aurífera a programas de recuperación ambiental y desarrollo de las comunidades cercanas a los proyectos extractivos. Explicó que tomando como referencia los RD$40,000 millones anuales que según afirmó recibe el Estado por concepto de impuestos mineros, podrían asignarse RD$4,000 millones a iniciativas destinadas a restaurar ecosistemas, mitigar impactos ambientales y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones. También defendió la importancia económica y tecnológica de la minería, aunque insistió en la necesidad de garantizar evaluaciones de impacto ambiental, participación ciudadana y monitoreo permanente de la calidad del agua.
Luis Carvajal Núñez cuestionó que los empleos generados por la minería compensen los efectos ambientales y sociales que a su juicio provoca esta actividad. Citó cifras que atribuyó a estadísticas nacionales de 2025, según las cuales el sector de minas y canteras registró 7,067 empleos, frente a 56,000 en la construcción y más de 270,000 en la agricultura. A partir de estos datos, sostuvo que es necesario revisar cómo se contabilizan los beneficios económicos de la minería y determinar si los recursos extraídos se traducen realmente en mejores condiciones de vida para las comunidades. «Hay minería y estamos mal», manifestó, al cuestionar los resultados del modelo extractivo actual.
Elizabeth Mena destacó que la minería genera empleos de calidad, salarios competitivos, compras locales y oportunidades de capacitación, además de contribuir a las finanzas públicas.
Denisse Larrauri cuestionó las garantías jurídicas que, según su criterio, otorga el Estado a las empresas mineras y pidió revisar el marco legal para asegurar que los contratos y concesiones protejan los intereses nacionales y los derechos de las comunidades.
