APUNTE.COM.DO.- El presidente de la Asociación de Parceleros de la Reforma Agraria, Santos Paulino, señaló que producir una libra de arroz en Estados Unidos resulta siete pesos más barata que en República Dominicana, una diferencia atribuida a los subsidios agrícolas y a los costos de producción de cada país.
“No hay manera y no tenemos recursos para competir con los productores de arroz de Estados Unidos porque ellos reciben subsidios de todo tipo, mientras nosotros aquí estamos expuestos a las inclemencias del tiempo”, expresó el dirigente.
Paulino advirtió que una reducción drástica de la producción nacional podría desencadenar “una caída en cadena”, ya que llevaría a parte de los agricultores a pasarse al cultivo de yuca y plátano, lo que aumentaría la presión sobre otros rubros agrícolas.
Frente a ese escenario, reclamó al Gobierno que adopte medidas de respaldo para resguardar la producción local, luego de que fuera derogado el Decreto 693-24, que imponía un arancel del 20% a las importaciones de arroz.
Asimismo, planteó alternativas más económicas para los productores que deben enfrentar el elevado precio de la maquinaria agrícola.
“Para poder competir, las autoridades deben buscar maquinaria más económica, porque en este país un tractor cuesta igual que un Mercedes Benz”, sostuvo durante una entrevista en el programa D´ Agenda.
A pesar de estas dificultades, Paulino afirmó que los productores dominicanos pueden lograr rendimientos similares o incluso superiores a los estadounidenses, pero compiten en condiciones desfavorables por las diferencias en los subsidios agrícolas.
Entre las medidas que propone para competir con sus pares de Estados Unidos figura el subsidio a los fertilizantes que usan los arroceros en cada cosecha, tal como se hizo en 2025.
El dirigente también consideró que la asistencia técnica debe reforzarse con la incorporación de agrónomos con experiencia y de profesionales recién graduados de las universidades, que manejen conocimientos actualizados sobre técnicas de cultivo.
Paulino explicó que buena parte de los terrenos dedicados al arroz no reúne las condiciones para producir otros rubros, por lo que rechazó que la sustitución de ese cereal sea una opción viable en todas las zonas productoras.
Mencionó que en áreas de la cuenca baja del río Yuna, así como en comunidades de San Francisco de Macorís, Cotuí, La Vega y Castañuela, hay terrenos cuya principal utilidad agrícola es el cultivo de arroz.
“Existen terrenos que pueden cultivar otros productos, pero hay otros campos que solo sirven para producir arroz o se convertirán en montes, ya que esos terrenos ubicados en la cuenca baja del Río Yuna no tienen otra utilidad”, comentó.
Igualmente, destacó que las factorías arroceras generan empleos directos e indirectos y dinamizan las economías de muchas comunidades, de modo que una eventual crisis del sector afectaría a comerciantes y a otros negocios ligados a la actividad.
“El arroz genera una cadena de muchos eslabones que se vería afectada por el posible colapso de la producción”.
Tras la derogación del decreto que mantenía el arancel al arroz importado, Paulino dijo que los productores aguardan un pronunciamiento del presidente Luis Abinader.
“Estamos pidiéndole a Dios que le otorgue entendimiento y que lo siga protegiendo, ya que sea el actual presidente o cualquier otro que haya ocupado el cargo, lo diría de la misma manera, porque no se puede jugar con la comida”, manifestó.
Indicó que los representantes del sector se sienten más tranquilos después de una reunión celebrada en La Vega con el ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat, aunque admitió que un encuentro previo en el Palacio Nacional les había generado preocupación.
Pese al panorama difícil, Paulino confía en que el Gobierno tomará medidas para asegurar la continuidad de la producción arrocera nacional.
El Decreto 693-24, derogado por la administración de Luis Abinader, establecía un arancel del 20% a las importaciones de arroz dentro de la cuota acordada ante la Organización Mundial del Comercio y del 99% para las que superaran ese límite.
La derogación respondió a las exigencias de Estados Unidos para que las autoridades dominicanas cumplan con el tratado de libre comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR).
