APUNTE.COM.DO.- El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump deportó a cerca de 660,000 personas durante el último año, de acuerdo con un informe difundido el jueves por el Migration Policy Institute (MPI), un centro de análisis que investiga y proporciona datos sobre inmigración y políticas de integración a nivel nacional e internacional. La cifra refleja un aumento de las detenciones en todo el país, impulsado por los miles de millones de dólares aprobados para reforzar la agenda migratoria del mandatario.

El documento señala que las deportaciones crecieron respecto a las 620,000 registradas en el primer año del segundo mandato de Trump. Sin embargo, los números siguen por debajo de los máximos alcanzados a comienzos de la década de 2000 y no cumplen la promesa del gobierno, formulada cuando recibió miles de millones del Congreso, de que ese presupuesto permitiría ejecutar un millón de deportaciones anuales.

El informe se basa en datos de acceso público obtenidos mediante solicitudes amparadas en la Ley de Libertad de Información y aparece después de que, en enero de 2025, la administración Trump dejara de publicar cifras similares recopiladas por el Departamento de Seguridad Nacional.

El gobernante republicano volvió al poder el año pasado con la promesa de contener los cruces en la frontera sur y endurecer las políticas migratorias. Su gobierno ha impuesto restricciones a la inmigración, tanto documentada como indocumentada, y ha lanzado operativos de detención de gran visibilidad mediática con el objetivo de forzar la salida de los inmigrantes.

El análisis encontró que el Departamento de Seguridad Nacional realizó 980,000 deportaciones durante los primeros 18 meses del segundo mandato de Trump. En el último año fiscal, cuando los mecanismos de control migratorio se intensificaron al máximo, se estima que fueron deportadas 660,000 personas.

Según el MPI, eso representa un incremento del 26% frente al promedio anual registrado entre 2021 y 2024, durante el gobierno del demócrata Joe Biden, pero todavía está muy lejos de los 1.86 millones de deportaciones de 2000, bajo el mandato del también demócrata Bill Clinton.

Pese al alza en las detenciones, el informe detalla algunos de los desafíos que enfrenta la administración Trump para alcanzar sus metas de deportación. Históricamente, muchos inmigrantes que residían en Estados Unidos sin autorización provenían de México y rara vez solicitaban asilo. En los últimos años, en cambio, los inmigrantes han llegado desde una gran variedad de países, lo que puede complicar su expulsión. A ello se suma que los tribunales de inmigración, que en última instancia deciden si una persona puede ser expulsada, enfrentan un rezago cada vez mayor en el trámite de los casos.

El documento indica que las salidas voluntarias, que ocurren cuando las personas desisten de sus casos ante los tribunales de inmigración y aceptan abandonar el país, alcanzaron una “cifra récord”: 170,000 personas han optado por esa vía desde que Trump regresó al cargo en enero de 2025. Quienes eligen la salida voluntaria podrían regresar a Estados Unidos en el futuro. No obstante, algunos abogados y defensores de los inmigrantes advierten que muchas personas renuncian a su proceso judicial y aceptan marcharse simplemente para salir de los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Asimismo, el gobierno de Trump ha deportado cada vez más a personas detenidas en el interior del país, según el informe, lo que refleja un endurecimiento en la aplicación de las leyes contra inmigrantes con larga permanencia en Estados Unidos. En 2025, cerca del 28% de las personas deportadas fueron detenidas en el interior del país, pero para julio de este año esa proporción subió al 39%.

Los inmigrantes detenidos en la frontera sur todavía representan una gran parte de las deportaciones, de acuerdo con el informe: el 69% del total registrado entre el 20 de enero de 2025 y el 31 de julio de 2026 correspondió a personas interceptadas inicialmente en la frontera. Quienes llevan más tiempo en el país pueden tener más oportunidades para impugnar su expulsión, mientras que el gobierno suele contar con mayor facultad para acelerar las deportaciones de quienes son detenidos en la frontera.

El análisis expone que la mayoría de las personas deportadas nunca han sido condenadas por un delito, a pesar de que la administración Trump afirma centrarse en “lo peor de lo peor”. Datos anteriores ya habían mostrado lo mismo.

El Departamento de Seguridad Nacional dejó de difundir información similar cuando Trump asumió el cargo, lo que dificulta dar seguimiento a una de sus promesas clave de campaña. Las cifras que el gobierno republicano ha divulgado son inconsistentes e inverificables.

La administración afirma ser transparente. El martes publicó algunas de sus propias cifras en un documento en el que presume sus logros en materia migratoria, entre ellas que 1.2 millones de migrantes han sido deportados o expulsados durante el segundo mandato de Trump. Hasta ahora, la discrepancia no se ha podido conciliar.

Ante la falta de datos periódicos para seguir las cifras de deportaciones, los analistas y activistas interesados en las tendencias migratorias han tenido que recurrir a información obtenida mediante demandas judiciales o a datos limitados y esporádicos divulgados por agencias federales.