APUNTE.COM.DO.- La jueza federal Araceli Martínez-Olguín emitió una orden dirigida al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que detenga ciertas acciones de investigación vinculadas a su búsqueda de votantes no ciudadanos, al concluir que los esfuerzos de la agencia se sustentan en información defectuosa que incluye a ciudadanos estadounidenses con derecho legal a votar.
En el documento, la magistrada señaló que es un hecho ampliamente conocido que los datos del DHS, que identifican a cientos de miles de posibles votantes ilegales, contienen de manera inadvertida a ciudadanos estadounidenses, lo que provoca que estas personas teman que sus nombres sean incluidos por error entre los cientos de miles de individuos señalados para ser investigados.
La orden restringe de manera específica las medidas que el DHS lleva a cabo sobre el terreno para indagar el voto de personas no ciudadanas, como la realización de entrevistas, y establece que el departamento no puede adoptar esas acciones si considera que la persona objeto de investigación podría ser ciudadana estadounidense.
El alcance de la orden abarca California, Connecticut, Georgia, Missouri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin. No obstante, no entrará en vigor hasta la tarde del viernes, lo que brinda al Gobierno de Trump la oportunidad de apelar. Una vez vigente, se mantendrá hasta después de las elecciones intermedias.
El DHS ha sido un actor central en los intentos del Gobierno por respaldar las afirmaciones infundadas del presidente Donald Trump sobre un fraude electoral generalizado cometido por personas no ciudadanas, y ha intensificado sus investigaciones en ese sentido. El nuevo fallo, aunque de alcance limitado, representa un freno significativo al enfoque del organismo.
CNN solicitó comentarios al Departamento de Seguridad Nacional.
“Esta orden constituye una protección importante: la política actual apunta a personas que se sabe que son ciudadanos naturalizados”, declaró a CNN Beau Tremitiere, abogado de Protect Democracy, una organización jurídica que representa a los grupos que presentaron la demanda. “Esas operaciones están prohibidas. Además, esta orden debería obligar al Departamento de Seguridad Nacional a dejar de presumir que muchas otras personas pueden ser investigadas cuando existen indicios de que son ciudadanas”.
En su orden, Martínez-Olguín escribió que “lo que está en cuestión aquí es el uso de datos reconocidamente defectuosos e incompletos para crear una lista de personas a las que Investigaciones de Seguridad Nacional entrevistará en los meses previos a unas elecciones”.
La demanda contra el Gobierno fue presentada por grupos de defensa del derecho al voto y otras organizaciones, que argumentaron que las medidas del DHS ya han provocado que ciudadanos estadounidenses teman votar en las próximas elecciones intermedias ante la posibilidad de que sus nombres figuren en las amplias y defectuosas listas elaboradas por el departamento.
“El interés público en unas elecciones seguras, libres de interferencia o intimidación, supera ampliamente el supuesto interés de los demandados en combatir el voto ilegal de personas que no son ciudadanas estadounidenses”, escribió la jueza este miércoles.
