APUNTE.COM.DO.- La fiscal del Distrito de Massachusetts, Leah Foley, anunció este martes la desarticulación de una presunta red de fraude matrimonial que habría estado operando por más de una década en Massachusetts, Estados Unidos.
Como principal responsable del esquema fue identificada Jennifer González, una ciudadana estadounidense que, en conversaciones obtenidas por las autoridades, comentó que destinaba el dinero a la compra de terrenos en República Dominicana.
Los matrimonios se organizaban para que las personas pudieran obtener la ciudadanía estadounidense y presentar documentos fraudulentos ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, con el fin de conseguir un estatus migratorio legal.
Según los detalles, González cobraba entre 38,000 y 40,000 dólares por cada matrimonio y organizó entre 18 y 20 matrimonios fraudulentos al año durante más de 10 años.
“En el cálculo más conservador, esta conspiración le habría generado seis millones de dólares a lo largo del presunto fraude”, indicó Foley en rueda de prensa.
De acuerdo con el informe, Jennifer González se “jactaba” de decir que invertía las ganancias en negocios y propiedades en la República Dominicana.
“En una conversación grabada, afirmó textualmente: Cada vez que me sobra un dólar, simplemente lo invierto en una propiedad nueva en mi país. Eso es lo que realmente hago. Me gusta comprar terrenos. Es decir, tengo muchos terrenos en mi país”, dijo la fiscal, quien agregó que también aseguró que a sus hijos les encantaba ir de vacaciones a República Dominicana, “así que, cuando crezcan, cada uno tendrá un terreno. Tendrán algo”.
Según la fiscal, esta mujer “no solo dirigía el negocio de matrimonios fraudulentos, sino que también presuntamente contrajo ella misma un matrimonio fraudulento con el propósito de obtener ilegalmente beneficios migratorios para un extranjero en situación migratoria irregular”.
Los registros judiciales indican que Jennifer González tiene antecedentes penales en Massachusetts que incluyen condenas por agresión y lesiones, fraude de identidad, fraude, entrada ilegal sin forzar la entrada, posesión de herramientas para cometer robos y recepción consciente de bienes robados.
Como cómplices, también señalados de beneficiarse del esquema, figuran Amara Puig, quien actuaba como secretaria del negocio; Erica Daniels, Charice Alejandro, Jessica Tavares y Jalen Hill, todos ciudadanos estadounidenses que igualmente recibieron dinero de los “clientes”.
