APUNTE.COM.DO.- La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes las apelaciones presentadas por Khalid Sheikh Mohammed, señalado como planificador de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y por otros dos coacusados, con las que buscaban reactivar un acuerdo de culpabilidad que les habría librado de la pena de muerte. La negativa se emitió mediante una orden sin firma y deja en pie la sentencia de un tribunal de apelaciones que respaldó la potestad del exsecretario de Defensa Lloyd Austin para dejar sin efecto los pactos, según Reuters.
Mohammed, junto a los coacusados Mustafa al Hawsawi y Walid bin Atash, permanece recluido en la base naval de Guantánamo, Cuba, desde 2006. A los tres se les imputan cargos que incluyen cinco delitos castigables con la pena capital por su presunta participación en los ataques, que provocaron la muerte de cerca de 3.000 personas.
Un juez de la Fuerza Aérea estableció en agosto que el juicio se celebrará en junio de 2028, de acuerdo con CBS News.
Al desestimar las apelaciones, los nueve magistrados mantuvieron vigente la resolución del Tribunal de Apelaciones del Circuito de Columbia (Circuito DC), que en julio de 2025 concluyó, con dos votos frente a uno, que Austin "tenía indiscutiblemente la autoridad legal para retirarse de los acuerdos", según CNN. El juez Brett Kavanaugh no tomó parte en la deliberación, sin que el tribunal explicara los motivos de su recusación.
La decisión retorna el expediente a los tribunales militares, que durante más de veinte años han tropezado con obstáculos para hacer avanzar el proceso. Steve Vladeck, analista legal de CNN y profesor de la Universidad de Georgetown, indicó que "el efecto práctico de las denegaciones de hoy es despejar el camino para que los procedimientos previos al juicio continúen", si bien advirtió que la fecha de juicio fijada para 2028 resulta "completamente irrealista" dada la cantidad de asuntos pendientes por resolver.
Los acuerdos previos al juicio fueron producto de más de dos años de negociaciones, según CNN. En 2023, después del nombramiento de la brigadier general retirada Susan Escallier como autoridad convocante de las comisiones militares, los abogados del gobierno y de la defensa iniciaron conversaciones sobre una salida negociada.
Los pactos, anunciados y aprobados por Escallier en 2024, disponían que los acusados se declararían culpables de la totalidad de los cargos, serían condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y participarían en una audiencia pública de sentencia en la que los familiares de las víctimas podrían plantearles preguntas.
La reacción no se hizo esperar. Legisladores republicanos cuestionaron los términos y Austin revocó los acuerdos apenas dos días después de su anuncio, al argumentar que "una decisión de tal magnitud debería recaer en mí", de acuerdo con Reuters.
La anulación dispuesta por Austin desencadenó una serie de resoluciones contradictorias. En noviembre de 2024, un juez militar determinó que la decisión del exsecretario carecía de fundamento legal y declaró los acuerdos "válidos y ejecutables". Semanas más tarde, el Tribunal de Revisión de Comisiones Militares confirmó ese criterio y fijó audiencias para formalizar las declaraciones de culpabilidad, según CBS News.
El Departamento de Justicia intervino entonces para pedir al Circuito DC que detuviera las audiencias y respaldara la autoridad de Austin. El tribunal federal suspendió los procedimientos y, en su fallo de julio de 2025, falló a favor del gobierno.
"El secretario actuó dentro de los límites de su autoridad legal, y declinamos cuestionar su juicio", concluyó el panel del Circuito DC. La administración de Donald Trump continuó defendiendo la postura adoptada por Austin.
Mohammed es considerado el detenido más conocido de Guantánamo. Se le acusa de orquestar el plan para estrellar aviones de pasajeros secuestrados contra las Torres Gemelas del World Trade Center, en Nueva York, y contra el Pentágono, en Arlington, Virginia. Fue capturado en 2003, al igual que Hawsawi y Bin Atash, a quienes se atribuyen funciones de apoyo logístico y financiero en la trama terrorista.
Los tres pasaron por cárceles secretas de la CIA, donde fueron sometidos a lo que el gobierno llamó "técnicas de interrogatorio mejoradas", reconocidas ampliamente como tortura, antes de ser trasladados a Guantánamo en 2006.
Las acusaciones formales llegaron en 2008 y desde entonces el proceso quedó paralizado en buena medida por disputas sobre la admisibilidad de pruebas obtenidas bajo coacción.
El Departamento de Justicia celebró la decisión. Mediante un comunicado, un vocero sostuvo que la resolución de la Corte Suprema "despeja el camino para que los responsables de los ataques del 11 de septiembre rindan cuentas" y la describió como "un paso crítico hacia la justicia para las víctimas y las familias", según Reuters.
Los abogados defensores, entre ellos representantes de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, rechazaron el fallo y advirtieron que la decisión prolonga un proceso ya de por sí dilatado.
