APUNTE.COM.DO.- El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas examinó este martes la situación de Haití durante su sesión 10246, un encuentro en el que se abordaron los avances del proceso electoral, la escalada de la violencia criminal y el ataque sufrido por militares salvadoreños.

La reunión fue encabezada por los responsables de la BINUH, la GSF y la UNSA, y contó con la presencia de delegaciones regionales, entre ellas las de México y la República Dominicana.

El inicio de la sesión estuvo dominado por el rechazo unánime a una emboscada ocurrida el día previo contra soldados de El Salvador integrados en la GSF, quienes fueron agredidos con disparos de armas de fuego y explosivos en Puerto Príncipe cuando retornaban de un mercado de la zona.

El ataque dejó cuatro sobrevivientes cuya ubicación se desconoce y evidenció el aumento de la agresividad de las pandillas.

Entre julio y septiembre de 2026 se registraron cerca de 1.000 homicidios y 100 casos de secuestro, junto con elevados niveles de violencia sexual y una creciente expansión de los grupos de autodefensa.

Las organizaciones criminales han variado sus modalidades de ataque y han recrudecido las represalias contra comunidades rurales y urbanas, como ocurre en Artibonite, Gressier y varios sectores de la capital, con el fin de dificultar el control del Estado.

En el ámbito político, Carlos Ruiz Massieu señaló que los preparativos de los comicios han cobrado un impulso inédito en los últimos diez años, impulsados por la divulgación, el pasado 6 de octubre, de un decreto electoral revisado.

Hasta el momento se han inscrito más de 35 partidos políticos y más de 3.500 candidatos, lo que refleja un compromiso significativo de distintos sectores del país.

Las nuevas normas extienden los plazos de inscripción, favorecen la participación de las mujeres y establecen el registro en línea de los votantes.

El Consejo de Ministros aprobó el 5 de octubre una resolución destinada a preservar la imparcialidad del sector público y a castigar el uso de recursos del Estado con fines proselitistas. Sin embargo, las autoridades señalaron que los calendarios deben basarse en evaluaciones logísticas realistas para no afectar la confianza de la ciudadanía.

Por su parte, Jack Christofides indicó que los efectivos presentes en el terreno ya superan los 2.000 soldados, provenientes de seis países contribuyentes, lo que equivale a algo más de un tercio de la dotación total autorizada.

El obstáculo principal no es la disposición de los países que aportan tropas, sino las complicaciones vinculadas al traslado de equipos pesados, vehículos blindados, medios de comunicación y capacidades de inteligencia y reconocimiento (ISR).

Con los recursos disponibles, la fuerza ha instalado bases de operaciones avanzadas en Artibonite, Delmas y otras zonas estratégicas, y ha logrado frenar parcialmente la influencia de las bandas mediante patrullajes conjuntos con la Policía Nacional de Haití (PNH).

De las 26 personas detenidas en operativos recientes, una parte importante tuvo que ser liberada debido a las graves limitaciones estructurales del sistema de justicia penal haitiano.

Daniela Kroslak, responsable de la UNSA, explicó las medidas adoptadas para mejorar la cadena de suministro y disminuir los costos operativos, entre ellas el uso de rutas de transporte aéreo estratégico coordinadas con socios internacionales como la República Dominicana, Panamá y Francia.

La oficina está habilitando ocho bases logísticas y operativas en puntos estratégicos del país para sostener el aumento gradual de tropas previsto para finales de 2026.

Se destacó la necesidad urgente de reforzar las contribuciones al fondo fiduciario de la fuerza y al fondo de dividendos para la paz, y de garantizar que el despliegue militar se complemente de forma estricta con políticas de desarme, desmantelamiento y reinserción (DDR), así como con un cumplimiento riguroso de las normas de derechos humanos.

El Consejo de Seguridad reiteró que las operaciones de seguridad, por sí solas, no son suficientes para pacificar el país.

La estabilización a largo plazo dependerá de la capacidad del Estado haitiano para recuperar la gobernanza territorial, restablecer los servicios públicos esenciales y consolidar un diálogo político inclusivo respaldado por la comunidad internacional.