APUNTE.COM.DO.- Haití vuelve este lunes al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con un panorama marcado por la postergación de sus elecciones, una misión internacional que solo ha logrado desplegar el 28 % de los efectivos previstos y una población afectada por la violencia de las pandillas, los desplazamientos forzados y la escasa ayuda humanitaria. La sesión abordará una crisis cuya solución sigue atada a condiciones de seguridad que todavía no se cumplen.
De acuerdo con el informe del secretario general citado por Security Council Report, entre el 15 de julio y el 12 de octubre fallecieron 1,123 personas y otras 440 resultaron heridas. De los muertos, 659 eran pandilleros. Las operaciones de seguridad provocaron el 52 % del total de fallecidos y heridos, es decir, 808 víctimas, entre ellas 148 personas sin vínculo con las bandas.
La niñez es uno de los focos de mayor preocupación. Expertos de la ONU alertan sobre el incremento del reclutamiento de menores por parte de las pandillas y sobre denuncias de ejecuciones sumarias de niños supuestamente ligados a esos grupos, hechos atribuidos a fuerzas de seguridad y a grupos de autodefensa. El despliegue internacional y la intensificación de las operaciones obligan a reforzar la protección de los menores y sus posibilidades de reintegración.
El proceso electoral sufrió un nuevo tropiezo a inicios de octubre, cuando el Consejo Electoral Provisional anunció la suspensión de la campaña y la elaboración de un nuevo calendario. Aunque el comunicado no fijó una fecha de votación, un integrante del organismo confirmó a la agencia AFP que el 13 de diciembre, previsto para la primera vuelta presidencial y legislativa, quedaba descartado. La segunda ronda estaba programada para febrero de 2027.
Este retraso amplía una transición caracterizada por gobiernos provisionales y promesas incumplidas de devolver la decisión a la ciudadanía. Los últimos comicios nacionales se realizaron en 2016. El asesinato del presidente Jovenel Moïse, en julio de 2021, ahondó el vacío institucional. Desde entonces, la inseguridad ha sido un obstáculo constante para organizar elecciones y recuperar autoridades legitimadas por las urnas.
La amenaza armada incide directamente en la organización de los comicios. En municipios bajo control de pandillas faltan centros de inscripción y las carreteras bloqueadas complican el traslado de materiales. A eso se suma el desplazamiento de cerca de 1.5 millones de personas, según la Organización Internacional para las Migraciones, que han tenido que abandonar sus hogares y cuya participación está condicionada por la violencia.
El deterioro también tiene una dimensión política. Un informe de expertos de la ONU difundido este mes describe vínculos entre grupos armados y actores políticos y económicos. Advierte sobre divisiones en el seno de la coalición Viv Ansanm, que podrían desencadenar nuevas disputas territoriales, ataques y desplazamientos. Esta fragmentación supone riesgos adicionales para comunidades que habían experimentado cierta estabilización.
La respuesta internacional continúa siendo insuficiente. Al 12 de octubre, la Fuerza de Supresión de Pandillas contaba con 1,563 uniformados de los 5,500 autorizados, además de 29 civiles de los 50 previstos. Su mandato fue prorrogado hasta el 31 de marzo de 2027, mientras se busca completar el despliegue y mejorar su capacidad operativa.
La emergencia humanitaria avanza en paralelo. El plan de respuesta para 2026 estima que 6.4 millones de personas requieren asistencia urgente. No obstante, al 16 de octubre solo se había financiado el 49.1 % de los 880.3 millones de dólares necesarios. Esa brecha limita la atención a una población sometida al mismo tiempo a inseguridad, desplazamiento y carencias.
Frente a las dificultades electorales, Chatham House advirtió la semana pasada que apresurar la votación sin condiciones suficientes podría agravar la inestabilidad. El centro propone un calendario basado en metas verificables: inscripción representativa, controles independientes sobre los candidatos, procedimientos transparentes de escrutinio y garantías para que votantes, aspirantes y trabajadores electorales participen sin intimidación.
Una encuesta de mayo citada por esa institución indica que casi el 90 % de los consultados considera importantes las elecciones y el 82 % cree que deberían celebrarse antes de que termine 2027. La demanda de votar coexiste con la necesidad de reconstruir las condiciones para hacerlo.
El Consejo de Seguridad renovó las sanciones y el embargo de armas. El Reino Unido pidió aplicarlos y combatir el desvío de recursos públicos.
