APUNTE.COM.DO.- Una auditoría de la Contraloría General de la República al Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) determinó que el programa Familias de Cariño, orientado a atender a adultos mayores en situación de vulnerabilidad, mantuvo entre sus beneficiarios durante 2024 a por lo menos 15 servidores públicos que además recibían salarios de otras instituciones del Estado, en algunos casos de hasta 200,000 pesos mensuales.
El informe abarca el período comprendido entre septiembre de 2020 y diciembre de 2024. Según el documento, 12 de esos servidores públicos aparecían como cuidadores de adultos mayores, mientras que los tres restantes estaban registrados como envejecientes beneficiarios del programa.
Los 12 cuidadores que figuraban en la nómina de Familias de Cariño también eran empleados de otras instituciones públicas, en las que devengaban salarios de entre 30,000 y 155,000 pesos mensuales, de acuerdo con los hallazgos de la Contraloría.
Los auditores revisaron las nóminas de enero, junio y diciembre de 2024, período en el que identificaron pagos mensuales del programa por un total de 170,000 pesos a esos 12 cuidadores. Según la documentación examinada, 11 de estas personas recibían 15,000 pesos mensuales del programa, mientras que una percibía 5,000 pesos. Los salarios que devengaban en otras entidades públicas sumaban 784,550.32 pesos al mes.
La Contraloría también identificó a tres personas registradas como envejecientes que figuraban en nóminas de otras instituciones del Estado, con remuneraciones que, según los datos revisados, alcanzaban hasta 200,000 pesos mensuales.
El informe advierte que esta situación representa riesgos de inclusión de personas que no cumplen los requisitos del programa, duplicidad de beneficios y aumento del gasto público.
La auditoría examinó los informes de gestión y las solicitudes de pago correspondientes a 2024, año en el que el programa registró desembolsos por 54,395,000 pesos. De ese monto, los auditores seleccionaron una muestra de 16,545,000 pesos, correspondiente a enero, junio y diciembre, para verificar los procedimientos de selección de beneficiarios y la documentación que sustentaba los pagos.
Durante la revisión encontraron expedientes que no contenían documentos que establecieran los requisitos mínimos que debían cumplir los adultos mayores y sus cuidadores para ingresar al programa. También identificaron la ausencia de informes médicos elaborados por las unidades médicas de la institución y de contratos suscritos entre el Conape, los adultos mayores beneficiarios y sus cuidadores.
Otras deficiencias fueron la falta de comunicaciones dirigidas a la dirección ejecutiva para solicitar la inclusión de los adultos mayores y recomendar a las personas responsables de su cuidado. Asimismo, se encontraron expedientes sin copias de cédulas, datos personales y otras documentaciones esenciales de los cuidadores, además de archivos incompletos y desactualizados.
La Contraloría señaló posibles incumplimientos de la Constitución, la Ley 41-08 de Función Pública y la Ley 10-07 sobre el Sistema Nacional de Control Interno. Entre sus recomendaciones figura establecer mecanismos de verificación mediante cruces periódicos con las nóminas y bases de datos gubernamentales para prevenir la duplicidad de beneficios.
El Conape remitió a la Contraloría, mediante una comunicación fechada el 10 de marzo de 2026, una matriz de plan de acción y documentación de respaldo relacionada con los hallazgos de la auditoría. En esa comunicación, la institución informó que había definido acciones correctivas y de mejora para atender las observaciones formuladas por los auditores y fortalecer sus mecanismos de control interno.
Sin embargo, el informe no presenta una explicación específica del Conape que justifique la inclusión de los 15 servidores públicos en el programa Familias de Cariño ni establece que esas situaciones hayan sido corregidas en su totalidad. La Contraloría asignó al hallazgo el estatus de "en proceso de subsanación", por lo que no lo dio por cerrado en su informe del 24 de marzo de 2026.
Entre las demás irregularidades, la Contraloría identificó 35 operaciones de pago, mediante cheques y libramientos, por un monto conjunto de 162,239,154.94 pesos, que carecían de soportes completos.
