APUNTE.COM.DO.- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, sostuvo que la violencia en la que degeneraron varias de las protestas sociales del sábado responde a una maniobra política, y comunicó que hasta ese momento se contabilizaban 1.200 personas detenidas en una jornada en la que 150 agentes de policía y gendarmes resultaron lesionados.
En una comparecencia ante la prensa poco antes de la medianoche del sábado, realizada durante una salida para expresar su respaldo a las fuerzas del orden, Lecornu señaló que su ministro de Justicia, Gerald Darmanin, impartió instrucciones a los fiscales para que soliciten prisión provisional contra los detenidos.
El jefe de Gobierno justificó esas directrices al argumentar que los arrestados presentan "perfiles particularmente violentos y peligrosos".
"No se puede permitir que una minoría destroce y que sean siempre los mismos los que pagan", declaró Lecornu, quien antes había recalcado que en París se intentó atacar "los centros de poder", como el palacio del Elíseo, Matignon —residencia oficial del primer ministro— o la Asamblea Nacional.
"Por lo tanto es claramente una maniobra política que acepta la violencia", agregó, antes de subrayar que "no nos dejaremos intimidar".
Los alcaldes de París, Marsella y Lyon, tres de las ciudades más golpeadas por los destrozos y los saqueos, pidieron una reunión con Lecornu para comienzos de la próxima semana, "dada la magnitud de los daños y la gravedad de la situación" vinculada con la violencia, el vandalismo y los pillajes registrados en sus ciudades el sábado.
"Exigimos un diagnóstico preciso que explique la cadena de acontecimientos que condujeron a esta situación. Esto no puede ni debe volver a ocurrir", escribieron el socialista Emmanuel Grégoire (París), el independiente de izquierdas Benoît Payan (Marsella) y el ecologista Grégory Doucet (Lyon) en un comunicado conjunto.
Los tres cargos electos indicaron que su iniciativa incluye a todos los alcaldes de los municipios afectados.
Las manifestaciones, desarrolladas por todo el país con una amplia lista de reivindicaciones y convocadas por un variado conjunto de colectivos —encabezados por estudiantes, pero también con presencia de 'chalecos amarillos' y empleados de servicios públicos—, reunieron a 550.000 personas según el Gobierno y a más de 800.000 de acuerdo con los organizadores.
La asistencia masiva —110.000 solo en París, según el Ministerio del Interior— superó con creces las previsiones del Ejecutivo, que la víspera de la jornada había estimado un máximo de 150.000 en todo el país.
Otra sorpresa relativa fue el nivel y la amplitud de la violencia en numerosas ciudades, con ataques a edificios públicos —el más significativo, la destrucción por un incendio del histórico edificio del Ayuntamiento de Limoges— y saqueos a cientos de comercios.