APUNTE.COM.DO.- La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) advirtió que Bolivia dejó de ser solo un país productor de materia prima y una ruta de tránsito para convertirse en un centro de operaciones de carteles internacionales, con presencia de organizaciones de México, Brasil, Perú y Colombia que actúan junto a estructuras locales.
Así lo sostuvo la representante de la Unodc en Bolivia, Mónica Mendoza, en una entrevista con EFE, en la que explicó que la actividad criminal reúne narcotráfico, contrabando, trata de personas, corrupción y minería ilegal en una dinámica coordinada.
Mendoza mencionó la expansión del Cartel Jalisco Nueva Generación, de México, y de las organizaciones brasileñas Primer Comando de la Capital y Comando Vermelho, además de la actuación de grupos procedentes de Perú y Colombia. Indicó que en las cárceles bolivianas hay detenidos de esas nacionalidades vinculados con las estructuras de mando de esas redes.
“Sí hay presencia de carteles. No estamos hablando de carteles bolivianos, estamos hablando de organizaciones (...) de otros países y que operan con la anuencia, con el consenso de organizaciones locales”, afirmó Mendoza.
La representante de la Unodc vinculó esa presencia con el aumento de asesinatos por encargo, sobre todo en zonas cercanas a la frontera con Brasil. Esos ataques se repitieron en los últimos meses y llevaron al Gobierno boliviano a desplegar al Ejército y a unidades de élite para reforzar la seguridad en esas áreas.
Mendoza explicó que los hechos reflejan disputas entre grupos criminales por el control territorial. “Están confrontados” y “están peleando por territorios”, dijo sobre las organizaciones que operan en el país.
El Primer Comando de la Capital (PCC), clasificado por Estados Unidos como organización terrorista hace meses, es una de las mayores bandas narcotraficantes de Brasil y tiene ramificaciones en varios países de Suramérica.
El último informe de la Unodc sobre cultivos de coca señaló que la superficie cultivada aumentó un 7 %, al pasar de 34.000 hectáreas en 2024 a 36.400 hectáreas en 2025. Bolivia ocupa el tercer lugar mundial entre los productores de hoja de coca, detrás de Colombia, con 261.000 hectáreas en 2024, y Perú, con 84.546 hectáreas en 2025.
La hoja de coca mantiene usos tradicionales y ancestrales en Bolivia, aunque Mendoza advirtió que el crecimiento de los cultivos se produjo en un escenario en el que las redes transnacionales ampliaron sus operaciones. La funcionaria describió la convergencia de delitos como una especie de “holding” criminal, con actividades y recursos conectados.
Durante las gestiones de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), las autoridades rechazaron que carteles o grandes jefes del narcotráfico operaran en territorio boliviano. En esos años, el discurso oficial atribuyó la actividad ilegal a emisarios y clanes locales.
La administración del presidente Rodrigo Paz reconoció la presencia del crimen organizado transnacional y defendió las medidas adoptadas contra esas estructuras. Entre los resultados citó la detención, en marzo, del uruguayo Sebastián Marset, quien luego fue enviado a Estados Unidos.
Para Mendoza, el caso de Marset demostró que el narcotráfico no operaba en un nivel reducido. La representante afirmó que la captura rompió una “narcopaz”, término con el que describió un período en que las organizaciones distribuyeron rutas, tareas y zonas de influencia sin confrontaciones visibles para la población.
La funcionaria también alertó sobre la infiltración de estas redes en instituciones judiciales. “En Suramérica existe una política de expansión e infiltración del crimen organizado”, afirmó, y agregó que esa penetración formó redes de corrupción destinadas a frenar las investigaciones y la persecución penal.
Sus declaraciones se produjeron después de la destitución y el encarcelamiento del exfiscal general Roger Mariaca, acusado por el Ejecutivo de proteger presuntamente al “narcoterrorismo”. Mendoza sostuvo que negar la infiltración institucional permitiría que el narcotráfico se instalara con mayor facilidad y dificultaría después la recuperación de esos organismos.
La representante de Naciones Unidas pidió una respuesta integral frente al narcotráfico, con acciones contra las estructuras, las finanzas y la capacidad operativa de las organizaciones. También reclamó la aprobación de normas contra el lavado de dinero y de extinción de dominio, además de más sentencias judiciales en causas vinculadas con el narcotráfico.
