APUNTE.COM.DO.- Ángel Alfredo Nicacio Tejeda, de 35 años, desapareció el pasado 12 de septiembre. Pese a que la familia presentó el reporte ante las autoridades, no ha sido posible localizarlo en calles, hospitales, cuarteles policiales, cárceles, aeropuertos ni en otros lugares del país.

Casos como el suyo aparecen recogidos en el informe “Diagnóstico Integral sobre Desapariciones No Voluntarias en República Dominicana”, presentado este año por el Defensor del Pueblo. El estudio se sustentó en entrevistas a 74 representantes de familias de personas desaparecidas desde 2020 y años previos hasta 2025.

Aunque la desaparición de Nicacio Tejeda no forma parte del análisis de ese informe, el caso presenta similitudes con los hallazgos del documento.

Los datos de la encuesta aplicada a los familiares indican que tres de cada diez víctimas de desapariciones no voluntarias son adultos jóvenes menores de 30 años. El grupo más numeroso de desaparecidos corresponde a las personas de entre 20 y 29 años, con un 28.1%. Las personas de 30 a 39 años representan el 18.8%.

Otro grupo vulnerable son los adultos mayores: uno de cada cinco desaparecidos tiene 60 años o más, lo que también equivale a un 18.8%. Muchos de ellos padecen demencia o alzhéimer.

El informe establece que, del total de personas encuestadas, solo una familia de cada diez con un pariente desaparecido conoce el paradero de su ser querido.

“La mayoría de los familiares declaró no disponer de información actualizada sobre el caso de su ser querido. El dato es revelador en dos sentidos: por un lado, pone de relieve la existencia de fallas de comunicación y seguimiento por parte de las autoridades, que colocan a las familias en un limbo informativo, agravando la incertidumbre”, señala el documento.

De acuerdo con la investigación, el 54.5% de los familiares, en todos los años analizados, “no recibió información” o se mantuvo en un limbo informativo por parte de las autoridades.

Asimismo, el 53% de los encuestados calificó el trámite de la denuncia como difícil o muy difícil, y mencionó trabas, requisitos excesivos y, en un 19% de los casos, la negativa directa de las autoridades a aceptar la denuncia.

Un 31% de los familiares afirmó que las autoridades nunca tomaron acciones tras la denuncia.

Las cifras indican que el 5.5% de todos los desaparecidos fue hallado sin vida, el 10.9% de los casos fue archivado y el 23.6% sigue abierto.

En cuanto al sexo, el 71.6% de las víctimas son hombres y el 28.4% mujeres. El informe señala que, aunque se trata de familias con ingresos per cápita promedio de 12,806.00 pesos mensuales, el 62.1% reportó que nunca supo ni fue informado de operativos o acciones concretas del Estado, lo que los obligó a privatizar la búsqueda, asumir costos propios y realizar labores de investigación por cuenta propia.

Tras la pérdida de un pariente, el 87% de los familiares manifestó sufrir alteraciones del ánimo derivadas de la pérdida ambigua y el duelo crónico. Un 66% dijo tener dificultad para dormir; el 58.5% indicó intranquilidad y miedo, y el 45.3% expresó falta de ánimo para las tareas cotidianas.

Otro de los hallazgos del estudio es que, pese a esa situación, la mitad de las familias afectadas nunca recibió apoyo psicológico profesional.