APUNTE.COM.DO.- El Gobierno del presidente Donald Trump ha presentado una demanda contra California en Los Ángeles este jueves, con el objetivo de impedir que los funcionarios electorales estatales cuenten las boletas de aproximadamente 20.000 personas que, según la administración, podrían no ser ciudadanas estadounidenses. La demanda surge luego de que el Departamento de Justicia entregara una memoria USB con una lista de presuntos votantes no ciudadanos a la oficina de Dean Logan, registrador y secretario del condado de Los Ángeles.
Según la oficina de Logan, debido a sus protocolos de privacidad y seguridad de la información, hasta el miércoles no habían accedido al dispositivo. La secretaria de Estado de California, Shirley Weber, también nombrada en el caso, declaró el miércoles que el Departamento de Justicia no le había proporcionado la lista cuando envió la carta de exigencia el martes.
California, que envía boletas por correo a todos sus votantes registrados, comenzó a distribuirlas el 5 de octubre. En la demanda, el Departamento de Justicia afirmó: "Ciertamente, Estados Unidos investiga y procesa activamente los casos de votación ilegal. Pero no resulta práctico ni viable que Estados Unidos investigue, antes de que concluyan las elecciones de 2026, a miles, y mucho menos a decenas de miles, de personas que dos oficinas federales de investigación identificaron en el padrón electoral de California como probables destinatarias de boletas de voto por correo".
Derek Muller, profesor de la Facultad de Derecho de Notre Dame, señaló que la demanda tiene, en el mejor de los casos, "pocas probabilidades de éxito". El Departamento de Justicia argumenta que la cláusula de supremacía de la Constitución le faculta para impugnar la supuesta obstaculización de California a la capacidad del Gobierno de Trump para hacer cumplir la prohibición federal del voto de no ciudadanos.
Sin embargo, según Muller, el problema es que no existe una ley federal que determine cómo deben verificar los estados la ciudadanía de las personas registradas para votar. Rick Hasen, profesor de derecho de la Universidad de California en Los Ángeles, escribió en su blog Election Law Blog: "La demanda federal presentada hoy está repleta de referencias a la cláusula de supremacía y a la 'prevalencia' federal. Pero la ley federal no anula el derecho del estado a organizar sus elecciones y determinar los requisitos que deben cumplir sus votantes".
Los tribunales han bloqueado previamente decretos firmados por Trump en 2025 y 2026 para modificar procedimientos electorales, y también han desestimado dos docenas de demandas del Departamento de Justicia contra varios estados para obtener datos confidenciales del registro de votantes para auditorías gubernamentales.
La demanda indica que la afirmación del Gobierno sobre la posible presencia de 20.000 personas no ciudadanas en los padrones electorales de California se basa en información pública de registro de votantes obtenida por el Gobierno federal. "El Estado sabe que podría haber personas no ciudadanas registradas para votar y conoce sus nombres", sostiene la demanda. "No obstante, tiene la intención de contar sus votos sin verificar su ciudadanía. Por lo tanto, las acciones de California facilitan deliberadamente la votación ilegal".
Según expertos legales, esta acción es vista como un "comunicado de prensa disfrazado de litigio" y el intento más reciente del presidente Trump de involucrar a su Gobierno en la organización de las elecciones, una tarea que la Constitución asigna principalmente a los estados.
