APUNTE.COM.DO.- La organización Prisoners Defenders informó que Cuba cerró septiembre con 1.351 presos políticos, la cifra más alta registrada por ese grupo. En su listado mensual, la entidad incorporó 50 casos nuevos y registró 38 bajas, en su mayoría por cumplimiento de condenas. El informe, que recopila datos hasta el 30 de septiembre, alertó sobre el encarcelamiento de manifestantes, activistas, periodistas, líderes religiosos y menores de edad.
"El hecho de pedir agua y electricidad puede llevarte a prisión. Denunciar los abusos del Gobierno puede destruir tu vida y la de tu familia. Incluso convocar una oración pública puede llevarte a la cárcel", declaró Javier Larrondo, presidente de la ONG, en una entrevista con Infobae.
Prisoners Defenders documentó 318 nuevos presos políticos en los últimos 12 meses, entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, con un promedio de 26,5 incorporaciones mensuales. Desde julio de 2021, cuando se produjeron las protestas masivas contra el régimen conocidas como 11J, la organización ha contabilizado 2.217 personas que pasaron por cárceles cubanas por motivos políticos.
El listado actual incluye 802 convictos de conciencia, 496 condenados de conciencia y 53 otros presos políticos, según la clasificación de Prisoners Defenders. Entre ellos hay 152 mujeres y 40 personas que eran menores de edad cuando fueron detenidas.
El informe destaca entre los casos más recientes el del pastor evangélico Maikel Pupo Velázquez, líder del Ministerio Palabra de Fuego Bendición Sagrada, en Camagüey, y miembro de la Alianza de Cristianos de Cuba. Pupo fue detenido el 26 de septiembre después de convocar a varias iglesias a una oración pública por Cuba. Según Prisoners Defenders, las autoridades le advirtieron que no realizara la actividad. El religioso pidió a los fieles que no asistieran y se presentó solo en el lugar previsto, donde fue arrestado.
Pupo permanece en prisión provisional en el penal Cerámica Roja, en Camagüey. La organización Christian Solidarity Worldwide informó el 9 de octubre que fue acusado de desobediencia y que pasó nueve días incomunicado antes de ser trasladado a prisión.
"Convocó a varias iglesias para rezar por Cuba. Ante las amenazas policiales pidió a los fieles que no acudieran y acudió solo. Lo detuvieron", relató Larrondo a este medio.
El reporte también recogió hechos posteriores al cierre estadístico de septiembre. El 1 de octubre, el Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este condenó a dos años de privación de libertad, con una sanción subsidiada por limitación de libertad, a la creadora de contenido cristiana Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como "Anna Bensi", y a su madre, Caridad Silvente Laffita. El proceso se originó por la publicación de un video grabado en el domicilio de Caridad Silvente, en el que aparecía un agente vestido de civil entregándole una citación. Ambas ya cumplían medidas cautelares domiciliarias, según la documentación recopilada por Prisoners Defenders.
La organización señaló que las manifestaciones por los cortes eléctricos, la escasez de agua y el deterioro de las condiciones de vida continuaron con detenciones y procesos penales. Entre las nuevas incorporaciones figura Yordenkis Fonseca, un menor diagnosticado con epilepsia, detenido a fines de julio en la comunidad Oriente Rebelde, en el municipio de Sibanicú, Camagüey. Su arresto ocurrió un día después de un cacerolazo pacífico que reclamaba agua potable, electricidad y mejores condiciones de vida.
El informe sostiene que Fonseca fue llevado primero a una unidad de la Policía Nacional Revolucionaria y luego a Villa María Luisa, identificada como un centro de operaciones de la Seguridad del Estado. Según la organización, permanecía en prisión provisional al cierre del relevamiento y sufrió crisis epilépticas que requirieron traslados hospitalarios.
También permanecían detenidos Eleiner Torres Verdecia y Andrés Guillén Pedrosa, arrestados en marzo en Ciego de Ávila en el contexto de protestas por apagones, desabastecimiento y deterioro de las condiciones de vida. Prisoners Defenders afirmó que ambos seguían bajo prisión provisional meses después de sus detenciones.
Larrondo también se refirió a Leandro Cristian Palmero Guevara, detenido a los 17 años, para quien la Fiscalía pidió una pena de 12 años de prisión. "Ni siquiera le atribuye la Fiscalía un acto delictivo concreto consumado", explicó.
De las 40 personas incluidas en la lista que eran menores al ser detenidas, 14 fueron condenadas por sedición. Prisoners Defenders registra en total 214 casos vinculados a ese delito: 138 personas continúan en prisión y 76 cumplen sanciones domiciliarias o trabajo forzoso sin internamiento.
El informe también puso el foco en las condiciones de salud de los detenidos. 476 presos políticos con enfermedades permanecen encarcelados, según la ONG, que denunció una denegación parcial o total de atención médica y medicamentos. Otras 53 personas presentan afecciones psicológicas, psiquiátricas, cognitivas o neurológicas que, de acuerdo con el reporte, son incompatibles con el encarcelamiento.
Uno de los casos documentados es el de Roberto Ángel Piloto Rodríguez, preso desde 2021 e incorporado al listado de septiembre tras la verificación de su expediente. Prisoners Defenders le atribuye insuficiencia renal crónica y otras enfermedades.
