APUNTE.COM.DO.- La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) manifestó su inquietud por el aumento continuo de la prisión preventiva, lo que sigue afectando la capacidad del sistema penitenciario para ofrecer condiciones adecuadas de reclusión.
Al dar a conocer el informe Condiciones de Detención y Prisión 2025, Rodolfo Valentín Santos señaló que al finalizar el año anterior la población penitenciaria del país era de 23,270 personas privadas de libertad, de las cuales 15,025 se encontraban en prisión preventiva, lo que representa el 64.57 %, mientras que 8,156 reclusos (35.43 %) tenían condenas definitivas.
“La prisión preventiva debe ser una medida excepcional y no la regla”, sostuvo.
El documento también señala que la población reclusa sigue siendo mayoritariamente masculina: 22,563 hombres (96.96 %) y 707 mujeres (3.04 %).
La capacidad instalada del sistema penitenciario dominicano es de 16,357 plazas, mientras que la población recluida llega a 23,270 personas, lo que implica una ocupación del 142.26 % y un excedente de 6,913 internos por encima de la capacidad real de los recintos.
“En otras palabras, las cárceles del país albergan un 42.26 % más de personas de las que están diseñadas para recibir, una situación que agrava las condiciones de vida de los internos y dificulta la gestión penitenciaria”, expresó.
Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Comisión de Cárceles, explicó que, como consecuencia de esta realidad, muchos privados de libertad siguen durmiendo en el suelo, en pasillos, debajo de camarotes y en estructuras improvisadas llamadas “goletas”.
El informe también documenta deficiencias importantes en los servicios de salud, falta de medicamentos y equipos médicos, limitaciones en la atención de la salud mental, carencias alimentarias y escasez de vehículos para realizar traslados judiciales y hospitalarios.
Asimismo, califica como preocupante la situación de la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Santiago, donde se identificaron problemas de insalubridad, humedad, deterioro estructural y presencia de plagas.
No obstante, la Defensa Pública reconoció avances significativos, entre ellos el proceso de cierre técnico de la Penitenciaría Nacional de La Victoria, el traslado gradual de internos al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, la construcción de nuevos centros penitenciarios y el fortalecimiento de programas educativos y de capacitación para la población privada de libertad.
También destacó las gestiones para la construcción de un nuevo centro para adolescentes en conflicto con la ley penal en La Vega, destinado a garantizar mejores condiciones de atención y protección integral.
