APUNTE.COM.DO.- Las autoridades dominicanas reportan cada año la detención de miles de personas que intentan viajar de forma ilegal en embarcaciones improvisadas hacia Puerto Rico, así como el sometimiento a la justicia de quienes son acusados de organizar esas travesías. No obstante, la cantidad de imputados que terminan condenados por ese delito es considerablemente menor, y las penas aplicadas no siempre derivan en prisión efectiva.
El caso más reciente se dio a conocer el lunes en Samaná, donde el Juzgado de la Instrucción ordenó presentación periódica durante seis meses como medida de coerción para Enerson Vilorio Eusebio y Ramón Francisco Sosa Batista, señalados como presuntos organizadores de viajes ilegales. La Armada había informado inicialmente que en la embarcación interceptada el 5 de octubre viajaban 59 personas, 49 hombres y 10 mujeres. El reporte posterior sobre la coerción indicó 62 personas a bordo.
La distancia entre los sometimientos y las condenas también se refleja en las cifras del período 2020-2024. La memoria de gestión de la Procuraduría General de la República (PGR) reportó 1,333 personas judicializadas por trata y tráfico ilícito de migrantes, mientras que las estadísticas de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) suman 107 personas condenadas por esos delitos. Aunque no se trata de los mismos casos, ya que un proceso puede tardar varios años, la diferencia entre las personas sometidas por la Fiscalía y las que llegan a ser condenadas es notable.
La ONE registró 17 personas condenadas en 2020, 11 en 2021, 29 en 2022, 21 en 2023 y 29 en 2024. De ese total, 71 fueron sentenciadas por tráfico ilícito de migrantes y 36 por distintas modalidades de trata. En la memoria de la Procuraduría, los 1,333 judicializados corresponden a 96 casos de trata y 742 de tráfico ilícito de migrantes. Estos últimos son casos, no personas.
En cuanto a los viajes en embarcaciones, una revisión de Diario Libre identificó más de 422 personas sometidas entre 2020 y 2024 por organizar esas travesías. La Armada, por su parte, reportó que 26,527 personas fueron detenidas en viajes ilegales entre julio de 2018 y marzo de 2025. La cifra da cuenta de cuántas personas fueron interceptadas durante las travesías, entre quienes intentaban viajar y quienes presuntamente las organizaban.
Las condenas tampoco siempre implican prisión efectiva. En una revisión de siete sentencias por tráfico de migrantes en Dajabón, Diario Libre encontró que dos dispusieron prisión, con penas de un año y dos meses y de tres años. En los otros cinco casos, la ejecución de la pena fue suspendida total o parcialmente. El nuevo Código Penal no creó una tipificación distinta para el tráfico ilícito de migrantes ni sustituyó la ley especial que lo sanciona. Su artículo 392 mantiene vigentes las leyes especiales que definen delitos no previstos en el Código. La Ley 137-03, modificada en 2025 por la Ley 46-25, establece para el autor del delito base penas de 15 a 20 años de prisión y multas de 350 a 1,000 salarios mínimos del sector público.
