APUNTE.COM.DO.- El Poder Ejecutivo de República Dominicana adoptó nuevas medidas para coordinar las inversiones tecnológicas de las instituciones públicas, con el objetivo de reducir gastos duplicados y reforzar la seguridad e interoperabilidad de los sistemas gubernamentales.

La iniciativa otorga al Ministerio de Administración Pública (MAP) la responsabilidad de evaluar, priorizar y supervisar técnicamente las contrataciones e inversiones digitales estratégicas, para evitar soluciones aisladas y optimizar los recursos del Estado.

La disposición está contenida en el Decreto 714-26, que establece el Reglamento de Coordinación e Interés Estratégico de la Infraestructura Digital del Estado, y abarca sistemas informáticos, plataformas digitales, servicios en la nube y tecnologías emergentes.

El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, señaló que la medida representa un avance en la gobernanza tecnológica del país, al buscar eliminar la fragmentación del gasto y las inversiones independientes entre las entidades estatales.

“A partir de este reglamento, cada peso invertido en tecnología responderá a una estrategia nacional integrada”, declaró Freund, quien destacó que se pretende mejorar los servicios digitales, garantizar su seguridad y proteger la soberanía estatal sobre los datos ciudadanos.

El reglamento dispone que las entidades del Poder Ejecutivo deberán obtener una evaluación técnica previa del MAP antes de iniciar determinadas adquisiciones de plataformas y soluciones digitales complejas. También contempla compras conjuntas para aprovechar economías de escala.

La normativa crea una comisión técnica interinstitucional coordinada por el MAP, integrada por representantes de organismos vinculados a la Presidencia, Hacienda y Economía, tecnología, contrataciones públicas y ciberseguridad.

Asimismo, declara de interés estratégico nacional la modernización de la infraestructura digital soberana, por su importancia para garantizar la continuidad, seguridad y eficiencia de los servicios públicos.

Las soluciones deberán permitir la interoperabilidad y portabilidad de los datos, así como la sustitución de sistemas sin generar dependencias técnicas o comerciales que limiten las decisiones del Estado. Por ello, se prohíben cláusulas que restrinjan el control estatal sobre sus activos de datos.

Los sistemas de automatización avanzada deberán incorporar supervisión humana, trazabilidad y transparencia para proteger los derechos fundamentales.

La disposición mantiene vigentes las obligaciones legales sobre contratación pública, presupuesto, transparencia, protección de datos personales, ciberseguridad y responsabilidad fiscal.