APUNTE.COM.DO.- El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo comunicó el sábado 3 de octubre su retirada del Parlamento Centroamericano (Parlacen), un día después de que los cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobaran por unanimidad una nueva resolución de condena contra Nicaragua, sin que ninguna nación interviniera en respaldo del Ejecutivo nicaragüense.
Lejos de intentar un acercamiento con sus vecinos, Managua optó por una nueva ruptura que se añade a una extensa serie de choques con organismos internacionales, de los que se desvincula cuando sus determinaciones, informes o declaraciones resultan contrarias a sus intereses.
La resolución de la OEA, aprobada el viernes 2 de octubre en Washington, solicitó la liberación incondicional de los presos políticos, la restauración de las libertades civiles, la recuperación de la separación de poderes y la creación de condiciones para celebrar elecciones libres e inclusivas. Asimismo, reclamó información sobre las personas desaparecidas por motivos políticos y acordó establecer un mecanismo para mantener la interlocución con las autoridades nicaragüenses y con los ciudadanos en el exilio. México, Brasil y Uruguay presentaron observaciones, pero no bloquearon el consenso en torno al documento.
La reacción de Managua consistió en denunciar el tratado constitutivo del Parlacen, organismo regional al que Nicaragua pertenecía desde su fundación y que Ortega ayudó a impulsar en 1987. La Cancillería notificó que la decisión tendría "efecto inmediato", sin detallar inicialmente los motivos. Dos días después, Murillo justificó la medida señalando que la institución "no ha logrado cumplir su objetivo y función" en beneficio de las familias centroamericanas.
El 6 de octubre, la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, aprobó con 91 votos la derogación de los decretos que habían incorporado a Nicaragua al Parlamento.
Desde 2021, esa confrontación ha derivado en su salida de la OEA, la FAO y la Corte Centroamericana de Justicia, además de anuncios de retiro de organismos de Naciones Unidas dedicados a la educación, el trabajo, los derechos humanos y las migraciones.
El analista político y exdiputado del Parlacen Eliseo Núñez sostiene que la decisión de abandonar el Parlamento Centroamericano persigue una finalidad que trasciende el propio organismo. En declaraciones a Infobae, explica que Ortega seleccionó deliberadamente una institución cuya pérdida no afecta directamente los intereses económicos de su Gobierno, pero que le sirve para enviar una advertencia al resto de Centroamérica.
"Esto es Ortega escogiendo un órgano del sistema de integración que no lo afecte a él, pero que sirva como amenaza de que, así como se salió del Parlacen, puede salir del resto del sistema", afirma Núñez. El exdiputado ilustra el mensaje con una comparación: "Es como cuando vos, en lugar de pegarle a alguien, le enseñás la faja".
Núñez emplea una expresión particular para describir la conducta internacional del Gobierno nicaragüense: la estrategia del "mendigo apestoso". Con ella alude a una forma de confrontación en la que el gobernante busca convertirse en un interlocutor tan incómodo y conflictivo que los demás acaban evitando enfrentarse a él, incluso cuando desaprueban sus actuaciones.
"Él trabaja todos los días para convertirse en alguien tan difícil, tan complejo que nadie lo quiera tocar. Es como querer convertirse en un puerco espín para que nadie se le acerque", explica el exdiputado. En su lectura, el propósito es elevar el costo político de cualquier enfrentamiento hasta lograr que otros gobiernos prefieran eludir nuevas disputas.
"Eso es lo que hacen aquellas personas que se vuelven infernales y que vos preferís que hagan lo que quieran con tal de no escuchar sus gritos y su diatriba. Esa es la estrategia de Ortega", agrega Núñez.
El Gobierno nicaragüense mantiene una relación de confrontación con quienes cuestionan su actuación política, pero procura conservar su participación en instituciones que otorgan financiamiento, facilitan el comercio o permiten mantener vínculos económicos con sus vecinos.
"Él se sale donde no tiene costos para él. Salirse del Parlacen no tiene costo", sostiene Núñez, quien diferencia esa determinación de una eventual ruptura con entidades financieras como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La retirada del Parlacen plantea un problema jurídico que el propio Gobierno de Ortega defendió hace 17 años, cuando Panamá intentó abandonar el organismo durante la presidencia de Ricardo Martinelli. En aquel entonces, Nicaragua argumentó que ningún Estado podía denunciar unilateralmente el tratado constitutivo, ya que el documento no prevé un procedimiento de retiro, criterio que ahora el régimen Ortega y Murillo ha desestimado para justificar su propia decisión.
El 28 de octubre de 2009, el Gobierno nicaragüense comunicó formalmente a Guatemala, país depositario del tratado, su oposición a la salida panameña. Núñez, que era diputado del Parlamento Centroamericano cuando se produjo la controversia, recuerda que Nicaragua se opuso porque los tratados de integración no contemplan una salida unilateral.
A su juicio, para abandonar legalmente el
