APUNTE.COM.DO.- La jurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay fue galardonada este viernes con el Premio Nobel de la Paz 2026, en reconocimiento a sus décadas de labor en favor de la paz y el derecho internacional. El anuncio lo hizo el Comité Noruego del Nobel el 9 de octubre en Oslo, Noruega, y la entrega está programada para el 10 de diciembre.

Pillay nació el 23 de septiembre de 1941 en un barrio humilde de Durban, en el entonces Natal. Es descendiente de inmigrantes tamiles que arribaron a Sudáfrica como trabajadores contratados en plantaciones de caña de azúcar en la década de 1890. Su padre trabajaba como chofer de autobús y complementaba los ingresos familiares con la pesca; su madre, ama de casa, insistió en que los ocho hijos recibieran educación formal en una época en que los cupos escolares escaseaban para la población no blanca.

Tras graduarse con un bachillerato en artes en 1963 y un título en derecho en 1965 en la Universidad de Natal, Pillay inició su carrera como abogada bajo la tutela del penalista N.T. Naicker, militante del Congreso Nacional Africano (CNA) que debía comparecer con frecuencia ante los tribunales por estar bajo arresto domiciliario. En 1967, con 26 años, fundó su propio estudio y se convirtió en la primera mujer no blanca en hacerlo en la provincia de Natal. Según relató ella misma, la razón era simple: “Ningún bufete me contrataría porque decían que no podían tener empleados blancos recibiendo instrucciones de una persona de color”.

Durante los 28 años siguientes ejerció como defensora de activistas antiapartheid del CNA, del Movimiento de Conciencia Negra y de otras organizaciones, y contribuyó a visibilizar las condiciones de detención y el uso de la tortura contra los presos políticos. En 1971 logró una medida judicial para impedir que la policía aplicara métodos ilegales de interrogatorio contra su propio esposo, detenido bajo la Ley Antiterrorista. Dos años después obtuvo el derecho de los presos políticos de la Isla Robben —entre ellos Nelson Mandela— a recibir asistencia letrada.

En 1981, con una beca del Programa Harvard-Sudáfrica para el intercambio de estudiantes antiapartheid, cursó un máster en derecho en la Universidad de Harvard. En 1988 obtuvo allí mismo el doctorado en ciencias jurídicas, convirtiéndose en la primera sudafricana en alcanzar ese grado en la Facultad de Derecho de Harvard.

En 1995, tras el fin del apartheid, el presidente Mandela la nombró jueza de la Corte Suprema de Sudáfrica, donde se convirtió en la primera mujer no blanca en integrar ese tribunal. “La primera vez que entré a las cámaras de un juez fue cuando entré a las mías propias”, recordó años después. Ese mismo año, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) la eligió jueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), cargo que ejerció durante ocho años, los últimos cuatro como presidenta.

Su paso por el TPIR dejó una marca duradera en el derecho internacional humanitario. En el caso El Fiscal contra Jean-Paul Akayesu, resuelto el 2 de septiembre de 1998, el tribunal —con Pillay como figura central en la elaboración del fallo— estableció por primera vez que la violación y la agresión sexual pueden constituir actos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Akayesu, alcalde de la comuna de Taba, fue hallado culpable de haber ordenado a grupos paramilitares que atacaran y violaran a mujeres tutsis refugiadas en su jurisdicción. “Desde tiempos inmemoriales, la violación ha sido considerada un botín de guerra. Ahora es un crimen de guerra. Ya no es un trofeo”, declaró Pillay tras conocerse el veredicto, según recoge la Facultad de Derecho de Harvard.

El TPIR también condenó al ex primer ministro ruandés Jean Kambanda por genocidio —la primera vez que un jefe de gobierno fue declarado penalmente responsable de atrocidades cometidas durante su mandato— y a tres ciudadanos ruandeses por el uso de medios de comunicación para incitar al genocidio, en el primer caso de esa naturaleza desde los juicios de Núremberg.

En marzo de 2003, la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma eligió a Pillay como jueza de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, donde integró la Cámara de Apelaciones hasta agosto de 2008. Su designación contó con el respaldo del movimiento internacional de mujeres juristas que, durante las negociaciones del Estatuto de Roma, había logrado incorporar cuotas de género en la composición del tribunal y el reconocimiento de una gama amplia de delitos de violencia sexual como crímenes de máxima gravedad.

En julio de 2008, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, la propuso para suceder a la canadiense Louise Arbour como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cargo que la Asamblea General aprobó por consenso el 28 de ese mes. Pillay inició su mandato el 1 de septiembre de 2008 y lo ejerció hasta 2014, tras una extensión de dos años concedida en 2012.

Al frente de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh), Pillay abordó situaciones en conflicto en Siria, Sri Lanka y los territorios palestinos, y fue una voz constante en favor de los derechos de mujeres, pueblos indígenas y comunidades LGBTQ+. En 2011 respaldó una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre derechos de las personas gay, y en 2012 firmó el documento Born Free and Equal sobre orientación sexual e identidad de género.