APUNTE.COM.DO.- La Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial otorgó contratos a servidores públicos por un monto superior a los 133.2 millones de pesos, según las auditorías más recientes de la Contraloría General de la República. La irregularidad, que contraviene el régimen de prohibiciones de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, no tiene claridad sobre las medidas adoptadas para corregirla ni sobre sus posibles consecuencias.
Los informes de la Contraloría identifican a tres empleados del Estado que resultaron beneficiados en 2024 con acuerdos para la construcción y remodelación de obras. Por esos tres contratos, la comisión autorizó pagos por 133,233,565.44 pesos.
La institución justificó las adjudicaciones señalando que verificó la vigencia del Registro de Proveedores del Estado, que remitió los contratos a la Contraloría para su registro previo y que carecía de un oficial de cumplimiento que permitiera advertir que los proveedores eran empleados públicos. La Contraloría desestimó estos argumentos, al considerar que tales circunstancias no eximen a la entidad de la violación a la Ley 340-06, y mantuvo el hallazgo en su informe final.
Aunque el órgano fiscalizador registra el caso como en proceso de subsanación, el informe no señala que se haya adoptado ninguna medida concreta al respecto. Tanto la Ley de Función Pública (41-08) como la Ley de Contrataciones Públicas establecen prohibiciones para la contratación con el Estado aplicables a funcionarios y servidores públicos.
Los tres contratos abarcaron proyectos de infraestructura comunitaria, deportiva y cultural en distintas provincias. El de mayor cuantía fue la reconstrucción del campo de béisbol Villa Cerro, en Higüey, provincia La Altagracia, adjudicado a la empresa Seven Caves Chain S.A. mediante el contrato No. CO-0002500-2022, por 68,656,491.20 pesos. La principal accionista de la compañía, Ivonne Nicole Jacobo Trigo, figuraba como consejera en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Según la nómina de agosto de la Cancillería, Jacobo Trigo percibe un salario mensual de 2,000 dólares como consejera.
La entidad también contrató la construcción de las funerarias municipales de Canca la Reyna, en Moca, provincia Espaillat, y Monte Plata, mediante el contrato No. CO-0000120-2022, por 28,909,522.73 pesos. Esta obra fue adjudicada a Neulin Antonio Reyes Villar, quien a la vez figuraba como ingeniero de obras en el Ayuntamiento Municipal de Pedro Brand. En la nómina de ese ayuntamiento correspondiente a diciembre de 2025, Reyes Villar aparece nombrado como ingeniero, con un sueldo bruto de 32,000 pesos.
En el área de conservación histórica y turismo, se contrató la reparación del área exterior del Parque Arqueológico La Isabela Histórica, en el municipio de Luperón, provincia Puerto Plata. El proyecto se formalizó mediante el contrato No. CO-0002113-2021, por 35,667,551.51 pesos, a favor de Pedro Leandro Almonte Sandoval, quien tenía el rango de teniente de corbeta en la Armada de República Dominicana. Por tratarse de un miembro de una institución militar, no es posible verificar si Almonte Sandoval sigue en esa nómina.
La legislación dominicana prohíbe de manera categórica que los servidores públicos y las empresas con las que mantienen vínculos accionarios o de control contraten u obtengan beneficios económicos de instituciones del Estado. La Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, junto con el régimen de inhabilidades ratificado en la Ley 47-25, impide que sean oferentes o contraten con el Estado las personas jurídicas en las que empleados o funcionarios públicos tengan participación societaria.
La incursión en esta prohibición conlleva, según la ley, la invalidez y nulidad de pleno derecho de los contratos formalizados, además de responsabilidades administrativas, civiles y penales que incluyen sanciones de dos a cinco años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período no menor de cinco años.
