APUNTE.COM.DO.- El psiquiatra y asesor en salud mental del Poder Ejecutivo, José Miguel Gómez, rechazó de manera categórica que la Policía Nacional recurra a la muerte de presuntos delincuentes bajo el esquema de los denominados "intercambios de disparos", y afirmó que la institución no puede atribuirse el derecho de decidir quién debe vivir.

En una entrevista con el periodista Héctor Herrera Cabral en el programa D'AGENDA, el especialista sostuvo que el combate a la criminalidad debe ceñirse al debido proceso, aunque aclaró que los agentes tampoco deben permitir ser agredidos por antisociales armados.

"No estoy de acuerdo con los intercambios de disparos. Nunca. No se puede esperar que la Policía decida quién vive y quién no; eso no es correcto", expresó Gómez.

En su lugar, propuso que los reincidentes de alta peligrosidad sean localizados, arrestados y recluidos en cárceles de máxima seguridad bajo programas de rehabilitación.

El médico consideró alarmante que personas con hasta 20 fichas por delitos graves, como homicidio, secuestro y violación, sigan libres en las calles, lo que a su juicio evidencia fallas severas en el control institucional y en la prevención.

El experto advirtió que la violencia social en el país afecta principalmente a una población joven y en edad productiva. Señaló que la mayoría de los infractores involucrados en pandillerismo, robos y bandolerismo son menores de 25 años.

Según Gómez, este sector proviene en su mayoría de familias desestructuradas, con deserción escolar temprana, acceso prematuro a armas, inicio sexual antes de los 13 años y consumo de sustancias controladas. Destacó que estos jóvenes presentan una profunda confrontación con la autoridad, baja autoestima y conductas marcadamente antisociales.

Durante la entrevista, Gómez calificó como psicópatas y sociópatas a los implicados en el asesinato de Zeneida Socorro Castillo y las heridas causadas a su esposo, el artista Julián Oro Duro, ocurrido en su residencia.

"Son individuos sin remordimiento, sin empatía frente al dolor ajeno y sin capacidad para medir consecuencias", explicó. Citó el caso de uno de los imputados que declaró en redes sociales, con frialdad absoluta, un rasgo característico del perfil antisocial.

El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, se pronunció sobre las más de 40 muertes a manos de la Policía Nacional, resultado de los presuntos intercambios de disparos entre supuestos antisociales y agentes de la institución ocurridos en las últimas semanas en todo el territorio nacional.

"La seguridad ciudadana no puede quedar sin chapeo luego que es asesinado o que existe un intercambio de disparos. ¿Qué hacemos con la información que tenía ese delincuente? La Constitución, en su artículo 37, plantea el derecho a la vida desde la concepción. El 255 habla de que la Policía tiene la responsabilidad de resguardar nuestra seguridad y ser auxiliar del Ministerio Público", explicó.

Ulloa planteó que toda persona que cometa un crimen o delito debe ser sometida a la acción de la justicia y destacó el rol de las cárceles, considerando necesaria la intervención de esos recintos penitenciarios como medida para contrarrestar el crimen organizado, el narcotráfico, la ciberseguridad y el tráfico de personas.

"Vamos a las cárceles, que es donde está realmente parte de la desestabilización de la seguridad de República Dominicana. Hagamos que el Ministerio Público instrumente los expedientes y el Poder Judicial dé sentencias que sean ejemplificantes", sostuvo el funcionario.

"Dividamos los presos en aquellos que sean de sangre y aquellos que sean del crimen organizado y veamos una sociedad que justamente busca más seguridad", agregó.

El Instituto Dominicano de Derecho Penal exhortó a las autoridades a declarar un "alto al fuego" ante el incremento de estas muertes y pidió que toda actuación de los organismos de seguridad se ajuste a la Constitución y las leyes.

La entidad indicó que las cifras oficiales señalan que 142 personas murieron en supuestos intercambios de disparos durante el primer semestre de 2026, un aumento de 16.4 % frente a igual período de 2025.

También señaló que, hasta el 25 de septiembre, 45 de los 99 homicidios registrados en ese mes fueron clasificados como "Acción Legal", equivalente al 45.5 % del total. La entidad sostiene que ninguna orden de arresto, antecedente o acusación convierte a una persona en condenada.