APUNTE.COM.DO.- La magnitud del uso de los medios digitales por parte de los jóvenes y la evidencia emergente sobre sus efectos negativos justifican la adopción de medidas inmediatas, según un grupo de expertos que solicita a los gobiernos exigir a las empresas tecnológicas que compartan datos sobre cómo sus funciones impactan la salud.

The Lancet publica una serie de tres artículos que subrayan que el impacto de las tecnologías digitales en la salud es resultado de los modelos de negocio, las decisiones de diseño y una gobernanza deficiente, y no de la fuerza de voluntad individual.

La serie, firmada por trece especialistas internacionales y basada en una revisión de estudios, sostiene que medidas aisladas, como los límites de edad, no bastan por sí solas para enfrentar el riesgo de que los daños digitales afecten la salud.

En consecuencia, abogan por una gobernanza coordinada de los sistemas digitales en la que la salud y la seguridad en línea de los niños y jóvenes se conviertan en una «prioridad política mundial inmediata».

El entorno digital comprende los contenidos que las personas ven, crean o comparten en línea, así como la plataforma a través de la cual se difunden y el dispositivo utilizado para acceder a ellos, explica The Lancet.

Esta nueva revisión global abarca datos de nueve millones de menores de 25 años en 121 revisiones.

El uso problemático del entorno digital se relaciona con un mayor riesgo de problemas comunes de salud mental, trastornos del sueño y una reducción de la actividad física, mientras que su uso moderado se asocia con algunos beneficios.

Los autores advierten que el grado de certeza de los hallazgos, tanto sobre los efectos perjudiciales como los beneficios, es bajo, por lo que «se necesitan urgentemente más investigaciones».

Sin embargo, esa circunstancia no debería retrasar la adopción «de medidas inmediatas y preventivas en materia de salud pública» coordinadas a escala mundial.

El uso del entorno digital forma parte del tejido de la infancia y de la vida de los jóvenes adultos, indicó la coordinadora de la serie, Ilona Kichksusch, del Laboratorio de Transformaciones Digitales para la Salud (DTH-Lab).

La experta aseguró, citada por la revista científica, que los gobiernos «han permitido que las empresas tecnológicas establezcan sus propias reglas, lo que ha dado lugar a modelos de negocio diseñados para captar la atención y recopilar datos, dejando la salud en un segundo plano».

El riesgo de daños digitales debe reducirse mediante políticas coordinadas y de amplio alcance, que incluyan hacer frente a las tácticas que utilizan las empresas tecnológicas para resistirse a la regulación.

«Los datos más valiosos sobre cómo estas plataformas afectan realmente a los usuarios permanecen ocultos dentro de las empresas tecnológicas, lo que limita el escrutinio independiente y frena el progreso científico», aseguró la investigadora de DTH-Lab Louise Holly.

Una recomendación clave, dijo, es que «los gobiernos exijan a las empresas tecnológicas que compartan datos sobre cómo sus funciones afectan a la salud de los usuarios con investigadores de interés público debidamente acreditados, y que proporcionen la infraestructura jurídica y técnica necesaria para que ello sea posible».

Las empresas tecnológicas están recurriendo a un ‘manual de defensa corporativa’ para retrasar, debilitar o moldear la regulación en respuesta a las pruebas de que sus productos pueden ser perjudiciales para la salud.

La investigadora de la Universidad de Viena Barbara Prainsack dijo a The Lancet que esas empresas usan «un guion bien conocido en los sectores del tabaco y los combustibles fósiles: sembrar dudas, desacreditar a los críticos y presentar la regulación como una amenaza para la libertad».

Las acciones legales pueden lograr algo que la regulación a menudo no consigue: obligar a las empresas a revelar documentos internos y cambiar el debate público sobre quién es responsable de los daños, pero los litigios no sustituyen a la regulación, indicó Kickbusch.

Los firmantes aseguran que ninguna medida por sí sola es suficiente y abogan por «una acción política amplia y coordinada a nivel empresarial, nacional y mundial».

Dicha acción debe exigir a las tecnológicas evaluar los posibles daños de los nuevos productos o funciones antes de lanzarlos al mercado y que compartan datos sobre cómo afectan a la salud.

Además, pasa por un tratado de gobernanza mundial, a través de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para establecer normas básicas que eviten que una regulación deficiente en un país socave los avances logrados en otros lugares, así como un organismo internacional específico para supervisar los daños que la IA causa a los niños y los jóvenes.

Con una gobernanza adecuada, destacó Kickbusch, «es posible lograr un mundo digital más saludable para los jóvenes, uno que les permita beneficiarse de las oportunidades que ofrece internet sin un riesgo sustancial para su salud».