APUNTE.COM.DO.- En menos de un mes, tres hechos violentos ocurridos en viviendas o en sus inmediaciones han vuelto a colocar la inseguridad en el centro del debate público: un joven perseguido y apuñalado hasta dentro de su edificio en Serrallés, el asalto a la residencia del merenguero Julián Oro Duro en el que murió su esposa y, más recientemente, la entrada de un hombre a la casa del actor Kenny Grullón.
Los tres episodios comparten un elemento que amplifica su repercusión más allá de las estadísticas: sucedieron en espacios que las víctimas podían considerar protegidos, como sus viviendas o edificios residenciales, y alcanzaron gran difusión por la notoriedad de los afectados, la violencia empleada y, en algunos casos, las imágenes captadas por cámaras de seguridad.
Esa seguidilla de casos alimenta una percepción de inseguridad que el Gobierno reconoce que aún persiste, aunque los números oficiales muestran otra realidad: menos homicidios y una reducción considerable de los robos reportados.
Hasta el 25 de septiembre, la Policía Nacional situaba la tasa acumulada de homicidios en 7.36 por cada 100,000 habitantes, un 15.8 % por debajo del mismo período de 2025 y un 44.2 % inferior a 2022. Para septiembre, hasta ese corte, las autoridades contabilizaban 3,504 robos, frente a 5,891 en igual período del año pasado, lo que representa una caída de 40.5 %.
Los tres casos de alto impacto dejan al descubierto la distancia entre los indicadores que presentan las autoridades y lo que una parte de la población percibe cuando conoce o experimenta determinados delitos.
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, abordó esa diferencia el pasado 28 de septiembre durante La Agenda Semanal. “Los datos y la percepción en este caso no se contradicen, sino que miden cosas distintas”, afirmó.
Raful admitió que persiste una percepción de inseguridad pese a la reducción de los homicidios y explicó que la sensación de los ciudadanos está condicionada por sus vivencias diarias. “La percepción también está marcada por la experiencia cotidiana de cada ciudadano en las calles”, señaló.
La funcionaria mencionó en concreto los robos, los conflictos en los barrios y otras situaciones que la ciudadanía vive directamente como factores que influyen en cómo evalúa su seguridad.
Los acontecimientos de las últimas semanas encajan en esa dimensión.
La madrugada del 12 de septiembre, Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk, de 23 años, regresaba a su residencia en Serrallés cuando fue seguido por un hombre que se desplazaba en motocicleta.
El joven intentó refugiarse en el edificio, pero el agresor entró detrás de él. Durante el ataque recibió nueve heridas de arma blanca que afectaron varios órganos y obligaron a una intervención quirúrgica de unas seis horas. Parte de la persecución quedó grabada por cámaras de vigilancia.
La Policía apresó después a Jhonny González, de 41 años, señalado como responsable del hecho. Las autoridades indicaron que tenía múltiples registros por robos, asaltos y narcotráfico. El Ministerio Público lo imputó por tentativa de homicidio para cometer robo agravado.
El presidente Luis Abinader reaccionó directamente al caso. “Hay dos casos que se han presentado este fin de semana. Hay uno que ya se capturó a uno de los victimarios, en el caso del joven Mejía-Ricart”, dijo entonces.
El mandatario agregó que las autoridades seguirían persiguiendo a quienes cometan delitos y sostuvo que “la Policía va a dar con ellos”.
Ocho días después del ataque de Serrallés ocurrió un hecho de mayor gravedad.
Entre la tarde del 20 y la madrugada del 21 de septiembre, hombres penetraron en la residencia del merenguero Gilberto Julián Sarante Perdomo, “Julián Oro Duro”, en Brisa Oriental VI, Santo Domingo Este.
Su esposa, Zeneida Socorro Castillo, de 60 años, fue asesinada dentro de la vivienda, mientras que el artista fue golpeado y sufrió lesiones craneofaciales. Según el expediente presentado después por el Ministerio Público, los responsables habrían sustraído alrededor de US$50,000 y varias prendas.
La Policía informó posteriormente que recuperó US$33,690 y RD$196,500, además de relojes, cadenas y otras pertenencias, y apresó a cuatro personas vinculadas al hecho.
Un tribunal impuso 18 meses de prisión preventiva a los cuatro imputados.
El caso tuvo un impacto adicional porque el ataque ocurrió dentro de una vivienda protegida por rejas, puertas y portones de hierro. Las investigaciones establecieron luego que al menos uno de los acusados era conocido por la familia y habría aprovechado esa confianza para acceder a la residencia.
La preocupación volvió a colocarse esta semana sobre viviendas del Distrito Nacional con el asalto contra el actor y humorista Kenny Grullón. Un hombre entró a su residencia en la Zona Universitaria.
